En Morelos, el pasaje del transporte público urbano se mantiene en 10 pesos desde hace años. La propuesta de los concesionarios es clara y numéricamente contundente: llevarlo a 15 pesos por viaje, un incremento del 50 %.

No es un ajuste menor ni simbólico; es un salto que coloca al estado, de concretarse, por encima de la media nacional en ciudades de características similares. El debate, por tanto, no es si subir o no subir, sino si el aumento está técnica y socialmente justificado.

A nivel nacional, los datos son claros. En la Ciudad de México, la tarifa de microbuses y autobuses oscila entre 7.50 y 9.50 pesos. En ciudades medianas como Puebla, Veracruz, Guanajuato o Hermosillo, el pasaje urbano ronda entre 8 y 9.50 pesos.

Incluso en Guadalajara o Zacatecas, donde el transporte es más estructurado, el costo promedio se ubica cerca de los 9.50 pesos. Llevar el pasaje en Morelos a 15 pesos lo colocaría por encima de estas entidades, sin que exista un sistema integrado, moderno o eficiente que lo respalde.

El argumento de los transportistas también tiene cifras: el aumento sostenido del diésel, el encarecimiento de refacciones y el desgaste de unidades con más de una década de uso. Nadie puede negar esa realidad.

Sin embargo, el problema aparece cuando el ajuste tarifario se plantea como la única salida posible. Subir el pasaje no resuelve por sí mismo la obsolescencia del parque vehicular ni garantiza una mejora en frecuencia, seguridad o trato al usuario.

La inconformidad social no surge del rechazo automático al aumento, sino de la ausencia de condiciones. En Morelos, persisten quejas por unidades en mal estado, rutas saturadas y tiempos de espera irregulares.

En rutas foráneas, como Cuautla–Cuernavaca, el pasaje ya pasó de 85 a 100 pesos, un incremento de 17.6 %, aplicado sin procesos de socialización ni mejora visible del servicio. Estos antecedentes explican por qué la ciudadanía desconfía.

El debate debería desplazarse del “cuánto” al “cómo”. Un aumento tarifario sin compromisos verificables solo traslada el problema al usuario.

Tarjetas preferenciales para estudiantes, esquemas de subsidio focalizado, renovación gradual de unidades y mecanismos de supervisión real no son ideas idealistas; son prácticas ya implementadas en otros estados. Lo ideal no es congelar tarifas indefinidamente, sino construir un modelo sostenible y transparente.

Moverse no es un lujo; es una condición básica para ejercer derechos, entre ellos el de la educación. Si el pasaje sube sin planeación, el costo no se mide solo en pesos, sino en oportunidades perdidas.

En Morelos, lo que está en juego no es el precio del viaje, sino el rumbo de la política pública en movilidad.

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