Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
El 22 de febrero marcó un parteaguas en la historia reciente de la seguridad en México. En un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, fue herido y posteriormente murió bajo custodia Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. No era para menos, se trataba de uno de los hombres más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, cabeza visible de una de las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y expansión internacional en la última década.
La caída de un líder criminal de tal envergadura representa, sin duda, un logro determinante en términos de inteligencia y operación del Estado mexicano. No es menor que tras años de persecución y fallidos intentos, las fuerzas federales hayan logrado ubicarlo y neutralizarlo. Sin embargo, el verdadero examen no radica únicamente en la eficacia del operativo, sino en la capacidad institucional para contener las consecuencias y proteger a la población civil frente a las represalias.
Y esas represalias no tardaron en manifestarse. Enseguida se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques coordinados y episodios de violencia en distintos puntos del país. Las imágenes de tráileres atravesados en autopistas y automóviles en llamas evidenciaron la capacidad de reacción del grupo criminal, y recordaron una verdad incómoda. La captura o muerte de un líder no desmantela automáticamente las estructuras financieras, logísticas y territoriales que lo sostienen. En ocasiones, incluso, puede detonar disputas internas o demostraciones de fuerza destinadas a reafirmar control.
De esta manera adquiere una dimensión aún más delicada si se observa el calendario. Estamos a pocos meses de ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibirán partidos y miles de visitantes internacionales. El mundo volverá su mirada hacia nuestro país para celebrar el fútbol, y para evaluar —con lupa— la estabilidad institucional, la capacidad de coordinación entre órdenes de gobierno y el respeto efectivo a los derechos humanos.
La pregunta, entonces, es inevitable y polémica, ¿estamos preparados? Preparados no en el sentido protocolario de estadios renovados y logística aeroportuaria, sino en el sentido profundo de un Estado capaz de garantizar seguridad sin sacrificar libertades, de actuar con firmeza sin caer en excesos, y de enfrentar al crimen sin normalizar la excepción permanente.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el análisis debe ser integral. El uso de la fuerza por parte del Estado, incluso frente a organizaciones criminales de alto impacto, está sujeto a principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cuando un objetivo prioritario muere tras ser capturado o estando bajo custodia, la exigencia de transparencia es aún mayor. La fortaleza de un Estado democrático se mide por su capacidad de vencer, y por su disposición a explicar, documentar y someter sus actos al escrutinio público.
Al mismo tiempo, la protección de la población civil es el eje central. Los bloqueos, incendios y actos de intimidación afectan derechos básicos. La libertad de tránsito, el acceso al trabajo, la integridad personal, y en casos extremos, la vida. Cada episodio de violencia reactiva es una herida en la confianza ciudadana, y en un país que recibirá millones de visitantes, la confianza es tan importante como la presencia policial.
Otro elemento que no puede ignorarse es el papel de la información. En contextos de alta tensión, la desinformación se convierte en un acelerador del pánico. Rumores amplificados en redes sociales pueden generar compras de pánico, cancelaciones masivas, decisiones precipitadas y una percepción de caos mayor al real. La gobernanza contemporánea exige operativos eficaces, comunicación clara, verificable y oportuna.
Ahora bien, sería injusto reducir el análisis a un diagnóstico pesimista. La operación que derivó en la muerte de “El Mencho” demuestra que el Estado mexicano conserva capacidad de inteligencia, coordinación y ejecución frente a objetivos de alto valor. Además, la reacción institucional posterior —con despliegues de seguridad y mensajes públicos dirigidos a garantizar condiciones de estabilidad rumbo al Mundial— muestra conciencia de la magnitud del momento.
La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, En un escenario complejo, ha asumido públicamente la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad para la población y para el evento internacional más importante que México organizará en las próximas décadas. Gobernar en medio de una crisis de esta naturaleza implica equilibrio. Firmeza frente al crimen, respeto a los derechos humanos y claridad en la comunicación pública. Su conducción en estos días ha buscado precisamente transmitir ese equilibrio.
El reto, sin embargo, es de largo aliento. La verdadera preparación para el Mundial no se agota en un operativo exitoso ni en un despliegue temporal de fuerzas. Exige fortalecer ministerios públicos, mejorar la investigación criminal, atacar las finanzas ilícitas, proteger a comunidades vulnerables y consolidar una cultura de legalidad. Exige, en suma, que el golpe contra un líder criminal se traduzca en una estrategia integral y sostenida.
¿Estamos preparados? La respuesta no puede ser simplista. Tenemos capacidad operativa demostrada, pero también fragilidades estructurales que no desaparecen con la caída de un sólo hombre. El Mundial 2026 será un escaparate global; pero, más importante aún, será una prueba interna de nuestra solidez institucional.
Si el Estado logra convertir este momento en una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho, proteger efectivamente los derechos humanos y reconstruir la confianza ciudadana, entonces no solo estaremos listos para recibir al mundo, sino para ofrecernos a nosotros mismos un país más seguro.
