Red de OSC’s Morelos / 8M en Morelos: protesta, tensión y nuevo control policial
Por: José Juan Conejo Pichardo
Una marcha marcada por la memoria y la indignación
La movilización partió desde la Glorieta de Tlaltenango hacia el centro histórico de Cuernavaca, congregando a miles de mujeres, colectivas feministas, estudiantes y familias que portaban pancartas con consignas contra la violencia de género y la impunidad.
Durante el recorrido, los nombres de víctimas de feminicidio fueron coreados por las participantes, recordando que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática estructural en Morelos.
El contexto de la marcha estuvo influido por recientes casos de violencia contra mujeres que han generado indignación social y han reforzado la exigencia de justicia y seguridad.
Entre las principales demandas expresadas por las manifestantes destacaron:
La marcha se desarrolló en su mayoría de forma pacífica; sin embargo, hacia el final del recorrido se registraron pintas en edificios públicos, bancos y mobiliario urbano, así como algunos daños materiales en la zona centro.
El nuevo protocolo policial para manifestaciones
La marcha del 8M se realizó bajo un nuevo marco normativo: el Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones, publicado el 6 de marzo de 2026 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad por el gobierno estatal.
Entre sus principios rectores se encuentran:
El protocolo también establece que se privilegiará el diálogo y la negociación, y prohíbe el uso de armas letales durante operativos relacionados con manifestaciones públicas.
Sin embargo, el documento también incorpora mecanismos de control que han generado debate.
Entre ellos se encuentran:
En términos prácticos, esto abre la posibilidad de que las autoridades intervengan de manera escalonada en una manifestación cuando consideren que existe alteración del orden público o afectaciones a terceros.
Un protocolo en medio del debate público
La publicación del protocolo apenas horas antes del 8M provocó reacciones críticas de colectivos y organizaciones de derechos humanos.
Diversas voces han señalado que algunas disposiciones podrían permitir interpretaciones amplias que terminen restringiendo el derecho a la protesta o facilitando intervenciones policiales en manifestaciones pacíficas.
Incluso algunos análisis periodísticos han advertido que ciertas disposiciones permitirían detenciones o intervenciones bajo criterios ambiguos, lo que ha encendido alertas sobre posibles abusos de autoridad.
Por su parte, el gobierno estatal sostiene que el documento busca precisamente lo contrario: establecer reglas claras que antes no existían, para evitar tanto abusos policiales como desorden en las movilizaciones.
Hasta antes de este protocolo, Morelos carecía de lineamientos específicos para la actuación policial en protestas sociales, lo que generaba improvisación y criterios dispares en cada operativo.
Manifestación y daños: una tensión constante
Uno de los debates recurrentes en torno a las marchas del 8M —y de muchas otras movilizaciones sociales— es el relacionado con los actos de vandalismo o daños materiales que se presentan en algunos casos.
En Cuernavaca, durante distintas manifestaciones en años recientes, se han registrado:
Estos actos generan molestias a comerciantes, trabajadores y ciudadanos que no participan en las protestas, lo que a su vez provoca un debate social sobre los límites entre el derecho a manifestarse y el respeto a los derechos de terceros.
En este sentido, uno de los objetivos centrales del nuevo protocolo policial es precisamente prevenir daños a bienes públicos y privados, así como garantizar la seguridad de la ciudadanía durante las movilizaciones.
La normativa contempla la protección de instalaciones gubernamentales, patrimonio histórico y propiedad privada ante posibles actos de vandalismo durante protestas.
El sentir social
Más allá de los incidentes aislados, el sentimiento predominante durante la jornada fue el de dolor, memoria y exigencia de justicia.
Las participantes reiteraron que la marcha no es un evento festivo ni una protesta simbólica, sino un acto de denuncia frente a la violencia estructural que enfrentan las mujeres.
Para muchas de ellas, salir a las calles cada 8 de marzo representa una forma de visibilizar una problemática que durante años ha sido ignorada o minimizada por las instituciones.
Análisis
Desde la narrativa oficial, el protocolo busca llenar un vacío institucional: establecer reglas claras para evitar tanto abusos policiales como descontrol en las protestas.
Sin embargo, desde la perspectiva de organizaciones sociales, el documento puede convertirse en una herramienta que permita intervenir con mayor facilidad en manifestaciones, bajo criterios como alteración del orden público o afectación a vialidades.
Este debate no es exclusivo de Morelos
En diversos estados del país se han aprobado normas similares para regular la actuación policial en protestas, generando discusiones sobre el equilibrio entre libertad de expresión y mantenimiento del orden público.
En términos políticos, el reto para el gobierno será encontrar ese equilibrio.
Ignorar las demandas sociales expresadas en las calles puede generar mayor radicalización de las protestas. Pero permitir que las movilizaciones deriven en daños materiales, afectaciones a terceros o caos urbano también tiene un costo social y político.
Las manifestaciones son, por naturaleza, expresiones de inconformidad. Pero cuando la violencia, las pintas indiscriminadas o la destrucción de bienes públicos y privados dominan la escena mediática, el mensaje original de las protestas corre el riesgo de diluirse.
Ese es precisamente uno de los grandes dilemas del movimiento social contemporáneo: cómo mantener la legitimidad de la protesta sin que los excesos terminen debilitando su causa.
En este contexto, el nuevo protocolo policial podría convertirse en un instrumento para ordenar la relación entre Estado y manifestaciones sociales.
Pero su verdadera prueba no estará en el papel ni en los discursos oficiales, sino en su aplicación.
Porque en una democracia, el reto no es impedir que la gente proteste. El verdadero desafío es garantizar que las protestas puedan existir sin convertirse en violencia, y que el orden público se preserve sin convertirse en represión.
