El jueves 26 de febrero pasado, TV Azteca emitió un comunicado para informar a la opinión pública de su declaratoria de concurso mercantil voluntario, con el fin aparente de reorganizar sus finanzas y priorizar el pago de sus adeudos, y que la compañía pueda seguir utilizando la concesión que le otorgó el estado mexicano.
La declaratoria aún no ha sido presentada ante un juez, quien decidirá si la autoriza o la rechaza. La propuesta se basa en la Ley de Concursos Mercantiles, actualmente vigente. En todo caso, es una maniobra legal que realiza una empresa cuando entra en insolvencia, para forzar a sus acreedores a que ya no acudan a sus ventanillas a cobrar, sino que lo hagan ante un juez, quien establecerá las prioridades y procedimientos para cubrir los adeudos mencionados.
La empresa está tratando de conservar en sus manos el manejo de las decisiones. Si el juez de referencia aceptara la solicitud de la empresa, comenzaría un procedimiento legal para ir cubriendo sus adeudos de acuerdo con la antigüedad, el monto, etc., en relación con los recursos de la misma.
Vayamos a la historia de la compañía en su relación con el gobierno federal: en la época del salinismo, Canal 13 Inmevisión fue una de las empresas del estado que se pusieron en venta, y se otorgó a Ricardo Salinas Pliego. Para cubrir el costo, el empresario recibió un préstamo personal de Raúl Salinas de Gortari –hermano mayor del entonces presidente—por cerca de 30 millones de dólares, préstamo que nunca reintegró.
Al principio, el público recibió con esperanza la propuesta de una nueva televisora privada independiente, porque la opinión pública estaba cansada del monopolio televisivo manejado por la familia Azcárraga; esta empresa mostraba un total oficialismo en sus programas y en sus noticieros, además de la vulgaridad de sus telenovelas. Pronto el gran público se fue dando cuenta de que la nueva televisora era más de lo mismo, incluso se mostraba muy agresiva contra autoridades que llegaron al poder procedentes de la izquierda.
En aquella época, las revistas financieras que enlistan a los hombres más ricos del mundo, situaban a Ricardo Salinas Pliego como uno de los más acaudalados del país, junto a Carlos Slim y Germán Larrea. La fortuna de Salinas Pliego se valoraba por encima de 10 mil millones de dólares. El “Tío Richi” –como le gusta que le llamen-- era símbolo del éxito personal, elogiado por su vida deportiva, dueño de yates y campos de golf. Fue su época de esplendor.
Una de las características centrales del personaje y de las compañías que maneja (TV Azteca, TotalPlay, Elektra) ha sido la falta de responsabilidad en el pago de sus impuestos. Los problemas fiscales de la empresa comenzaron desde 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón. Diversos gobiernos –tanto de Enrique Peña Nieto como de AMLO—le presentaron batalla ante los jueces, y durante más de 15 años no consiguieron que el magnate cubriera sus impuestos. Para tal efecto, el empresario siempre ha estado rodeado de abogados y contadores, expertos en las truculencias del derecho que se aplica en los juzgados de México.
De manera simultánea, el empresario incursionó en el mercado financiero de EU, emitiendo bonos para adquirir recursos en ese país. A la fecha, sus empresas tienen adeudos por cerca de 500 millones de dólares en el extranjero, que se añaden a los adeudos que aún mantiene con el fisco mexicano.
El adeudo principal de la compañía era en fecha reciente de 52 mil millones de pesos. La actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo que solicitó la empresa. A fines de 2025, Salinas Pliego ofreció pagar sus adeudos con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y adelantó la cantidad de 10 mil millones de pesos. El SAT redujo su adeudo en términos legales de 51 mil a 32 mil millones de pesos, y este pago inicial se complementó con varios compromisos de pago por más de mil millones de pesos cada uno. Asimismo, la empresa Total Play, de su propiedad, debe pagar una cantidad cercana a los 600 millones de pesos, cuyo procedimiento de pago aún no se ha establecido.
En 2018 –antes de la llegada de AMLO a la Presidencia—la compañía pagó 3 mil 800 millones de pesos por “licencias”, es decir, porque el gobierno de EPN le extendió por 20 años más la concesión para el uso del espacio radioeléctrico nacional. Durante la pandemia –tiempo en el cual obligó a sus empleados a trabajar—el magnate aumentó su fortuna hasta más de 13 mil millones de dólares. Hoy, por sus manejos deficientes, su fortuna se ha reducido a unos 5 mil 800 millones de dólares.
El “concurso mercantil voluntario” es una figura legal que le permitiría reorganizar sus finanzas y rediseñar su empresa, de manera que sus acreedores se vean obligados a formarse en la ventanilla del juez que acepte su solicitud, y en consecuencia la administre. Equivale a una especie de quiebra técnica, que le permite funcionar temporalmente con intervención de un juez, para no llegar a la declaración de bancarrota.
Es una maniobra legal peligrosa para le empresa, porque si bien le permite seguir funcionando, el juez (o sea, un miembro del estado mexicano) tendría el poder de fiscalizar todos sus bienes y operaciones, ingresos y egresos, y finalmente decidiría sobre el destino de la compañía. Significa llanamente que el consejo de administración de la compañía deposita sus funciones en manos de la autoridad judicial, con el fin de mantener la existencia de la empresa.
Es posible que la maniobra legal vaya destinada a evitar el pago de sus adeudos contraídos en EU, ya que dichos acreedores han solicitado un juicio sumario. Cabe pensar que se haya adelantado a solicitar el “concurso mercantil”, porque al quedar en manos del estado mexicano, debería pagar primero los compromisos firmados con el SAT. Si no alcanzara a cubrir sus adeudos con el extranjero, es posible que veamos más adelante la intervención de organismos de arbitraje internacional que decidan sobre el tema.
En las condiciones actuales, un juez mexicano tendrá mucho cuidado de no prestarse a maniobras fraudulentas para evitar el cumplimiento de los compromisos contraídos con el SAT. Los funcionarios judiciales en México están bajo la vigilancia del Tribunal de Disciplina Judicial.
