Vamos adelante / Federalismo y centralismo en México
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Cuernavaca, 10 de abril de 2026
Con la entrada del Ejército Trigarante en la ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821 se consumó la victoria de los ideales de independencia y libertad que unían a los mexicanos, victoria reconocida por Juan O’Donojú, quien en su calidad de virrey firmó los Tratados de Córdoba.
El nuevo país independiente llevaba sin embargo en su interior los gérmenes de futuras disidencias y luchas, ya que la dirección política del movimiento estaba integrada por dirigentes de diversas tendencias e ideologías. En el mismo espacio convergían conservadores y liberales. Por la parte conservadora, el propio Agustín de Iturbide promovió la creación de un imperio centralista como forma de gobierno, postergando las reformas por las cuales la sociedad mexicana había luchado durante 11 años.
La tradición de lucha de los insurgentes tenía como sustento no solo la libertad e independencia del país; también la igualdad jurídica de los ciudadanos y la abolición del sistema de castas. Miguel Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud el 6 de diciembre de 1810, en Guadalajara, mediante un documento que estableció para los dueños de esclavos la obligación de otorgarles la libertad en un plazo de15 días, bajo pena de muerte.
José María Morelos proclamó los Sentimientos de la Nación en 1813, el Congreso de Chilpancingo, donde estableció el objetivo de lograr la igualdad para todas los individuos y clases sociales en materia laboral y educativa. Puntualizó que los hijos del jornalero deben recibir la misma educación que los del potentado.
El imperio de Iturbide fue derrocado porque su política establecía orientaciones contrarias a la tradición revolucionaria de los insurgentes. A su caída, el Congreso mexicano aprobó la Constitución federal de 1824, que dividió el territorio nacional en estados soberanos, integrados por ciudadanos libres, que establecieron un pacto federal para la defensa exterior, la dirección política del país y el manejo diplomático. Cada entidad federativa era autónoma para decidir sus propios asuntos. Los estados tendrían un congreso local y un sistema judicial propio, con derecho a interpretar y aplicar sus propias leyes.
El sistema político federal de México, sin embargo, carecía de la fuerza económica y militar para ejercer la soberanía en términos prácticos. El país estaba destrozado. México pudo rechazar el intento de reconquista española en Tamaulipas, pero no tenía recursos suficientes para controlar las fronteras, principalmente la del norte, donde varios grupos indígenas nómadas se introducían a través de la una línea fronteriza difusa, generando inestabilidad y zozobra en las comunidades de la región. Además, los colonos anglosajones y esclavistas de Texas comenzaban a mostrar signos de rebelión.
En 1836, los conservadores promulgaron una Constitución centralista que abolió la autonomía de los estados, creando en su lugar departamentos que fungían como órganos administrativos dependientes de las decisiones del poder central. Además de dañar gravemente la libertad ciudadana, la nueva Constitución fue usada como pretexto por los insurrectos colonos texanos, armados por el gobierno expansionista de EU.
Asimismo, los dirigentes crearon el Supremo Poder Conservador como órgano máximo del Estado, con capacidad jurídica para establecer las directrices políticas, económicas y militares del país. La política conservadora se dedicó a suprimir libertades ciudadanas y defender los privilegios del clero católico y del ejército.
En ese periodo, el gobierno conservador libró dos guerras: la primera contra los colonos texanos –dirigidos por Sam Houston, exoficial del ejército de EU— y terminó con las batallas de El Alamo y San Jacinto. En esta última, López de Santa Ana fue tomado prisionero, y en esas condiciones firmó el tratado que reconoció la independencia de Texas. Un presidente preso por el enemigo ya no representa la voluntad de su país, y por lo mismo, la firma de Santa Ana para reconocer la pérdida de una parte del territorio nacional, fue totalmente nula.
Más adelante, en 1846, México luchó contra la intervención militar de EU, cuyo desenlace fue la ocupación de la Ciudad de México en septiembre de 1848 por tropas de EU; el gobierno mexicano fue obligado bajo amenaza de las armas a firmar el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el cual México perdió más de la mitad de su territorio. Ese tratado es nulo de pleno derecho, porque reconoce explícitamente que México fue agredido y ocupado militarmente por tropas de EU. La violencia nunca puede ser fuente de derecho.
A pesar de las derrotas, Santa Ana fue reinstalado por los conservadores, hasta que en marzo de 1854 el general Juan Álvarez proclamó el Plan de Ayutla y derrocó al dictador. El país eligió un congreso nacional y abrió el camino a la promulgación de las Leyes de Reforma, en especial la Ley de Desamortización de los Bienes del Clero; la Ley del Registro Civil y la supresión de los fueros eclesiástico y militar.
Los conservadores y el clero iniciaron la Guerra de Reforma, que dividió y ensangrentó al país, y terminó con la victoria del Ejército Liberal, en 1860, al mando de Jesús González Ortega, sobre Miguel Miramón, comandante del Ejército Conservador, en la batalla de Calpulalpan.
Los conservadores viajaron a Francia en 1860 para solicitar apoyo del gobierno de Napoleón III. Tropas francesas instalaron en 1864 el Segundo Imperio, que restableció el gobierno centralista pero no abolió las leyes de Reforma ni la libertad de cultos. Surgió una especie de Monarquía liberal. En 1867, con la victoria del Ejército Liberal en Querétaro –comandado por Mariano Escobedo-- y el fusilamiento del emperador, junto a Miguel Miramón y Tomás Mejía, las fuerzas liberales reestablecieron la República federal. Ninguna otra fuerza ha intentado, a partir de esa fecha, restablecer el viejo orden y abolir los derechos de cada entidad federativa.
En el contexto de la República federal, después de arduas discusiones en los Congresos Federal y del Estado de México, Benito Juárez decretó el 17 de abril de 1869 la erección del Estado Libre y Soberano de Morelos, con base en el Tercer Distrito Militar que abarcaba los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec.
El primer gobernador de la nueva entidad federativa fue el general Francisco Leyva, desde el 15 de agosto de 1869. La primera Legislatura estatal se estableció en Yautepec el 20 de julio de 1989, y posteriormente se trasladó a Cuernavaca. La primera Constitución Política del Estado fue promulgada por el Congreso estatal el 20 de julio de 1870.
