Después de varias semanas de especulaciones, rumores y adivinanzas políticas, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia electoral, misma que se concentra en un decálogo por la democracia que pretende lograr la referida propuesta de reforma electoral; los diez puntos centrales son los siguientes: elección de la representación proporcional (RP) del Congreso de la Unión, reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempos de radio y televisión, inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa, no nepotismo y no reelección.

De todos ellos, el más álgido ha sido el primero, pues pretende modificar las reglas del juego de la RP tal y como la conocemos, mismas que permiten a los propios dirigentes partidistas “palomear” cada candidatura, para que en su lugar entre un sistema un tanto complicado donde para las diputaciones lleguen “los mejores perdedores” a través del desempeño territorial, por un lado, y por el otro se incrustarían personas electas en listas regionales mediante voto directo en las cinco circunscripciones, lo cual dificultaría la entrada al Congreso de personas con perfiles más técnicos que populares. Además, desaparecerían las senadurías por RP.

La presidenta Claudia Sheinbaum, al enviar la iniciativa al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados, sabe que no es fácil que se apruebe la reforma por las resistencias que pudiera haber en los partidos aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a saber, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los cuales han acompañado y respaldado prácticamente todos los planteamientos de Palacio Nacional.

Sin embargo, más allá de que se logre o no en esta oportunidad, se abre un debate bastante interesante pero sumamente complejo en torno a la función de la RP, pues las cúpulas partidistas la han reivindicado como una propiedad a partir de la cual reparten posiciones de manera arbitraria e indiscriminada, muchas veces fuera de lo que la ciudadanía pudiese observar como algo mínimamente deseable.

Ese quizá sea el problema de fondo: cómo el debate sobre la RP se conecta con el debate de la legitimidad en tiempos donde la confianza de la sociedad en los actores y factores públicos simplemente se encuentra bastante deteriorada, lo cual no es exclusiva de algunas siglas políticas en particular. Pensada en un principio como un mecanismo para darle voz a espacios del espectro político que quizá no eran capaces de ganar una elección pero contaban con una cantidad bastante considerable de votos a favor, la RP nació con la reforma electoral de 1977 pero se fue descontextualizando y desnaturalizando, al grado de ser controlada por las dirigencias de los partidos.

Un sistema de partidos que lo sea en serio, alejado de una partidocracia que muchas personas puntualizan y critican, debe propiciar una RP con vías y conductos mejor pensados para que las y los ciudadanos se sientan verdaderamente representados por todos sus congresistas, no sólo por aquellos que hayan triunfado en un distrito por el método de la mayoría relativa. Reiterando lo dicho: si la reforma no pasa, al menos abre la discusión y ello debería ser sano para el análisis de fondo de nuestro sistema representativo.