Empecemos por el principio; desde Washington, congresistas estadounidenses acusaron que las acciones del gobierno mexicano contra la filial Calica representan una afectación directa a la inversión extranjera, e incluso hablaron de una posible “expropiación” de activos. El tema escaló luego de que el Congreso de EE.UU. impulsara medidas para proteger a la compañía, al considerar que existe una “campaña” en su contra y que el caso podría sentar un precedente negativo para otras empresas estadounidenses que operan en territorio mexicano.

En ese sentido, legisladores advirtieron que su país podría recurrir a todos los mecanismos disponibles, incluyendo acciones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no se garantiza certeza jurídica a la inversión. Por su parte, el gobierno mexicano ha defendido la clausura de la mina y la restricción de actividades en la zona, tras declarar el área como protegida por los daños ambientales detectados, principalmente en cenotes y acuíferos de la región. La empresa, por su parte, mantiene una demanda internacional contra el Estado mexicano por cerca de mil 900 millones de dólares, al considerar que las decisiones fueron arbitrarias e ilegales. El conflicto, que inició como un diferendo ambiental, se ha convertido en un punto de tensión bilateral y podría tener implicaciones comerciales en el corto plazo, en un momento clave previo a la revisión del T-MEC. Cabe señalar, que el gobierno y legisladores de Estados Unidos endurecieron su postura frente a Vulcan Materials Company, al respaldar a la empresa en el conflicto que mantiene con México por la explotación de piedra caliza en Quintana Roo.

Vulcan Materials dijo que la expropiación del puerto y la cantera de la que extrae piedra caliza es una violación de México al T-MEC; en el Senado de EU existe una iniciativa para sancionar a empresas que usen la Terminal Marítima que estaba bajo dominio de la empresa estadounidense. El conflicto con Vulcan Materials, que tiene una concesión hasta 2037, ha causado un roce comercial con Estados Unidos, donde se ha reconocido la preocupación de la Casa Blanca por el caso, y advierten de un impacto muy negativo en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones de Estados Unidos. El chantaje pues… lo que AMLO denunciaba: que Calica utilizaba los terrenos como bancos para sacar grava y llevar ese material de construcción a Estados Unidos y usarlo en la construcción de carreteras. Todo esto por la complicidad que había con las autoridades….

Por otra parte, Claudia Sheinbaum la declaró área natural protegida desde la perspectiva de medio ambiente porque hubo una sobreexplotación por encima del impacto ambiental que se otorgó para la explotación de esta mina. Al momento siguen en pláticas con la empresa Vulcan buscando un buen arreglo, si no, siempre están los mecanismos jurídicos que permiten dirimir controversias y llegar a los acuerdos. De lo que se trata es que, no se impacte gravemente al medio ambiente. Luego entonces, la Cámara de Representantes no podrá habilitar la confiscación de activos, aunque pensándolo bien, Trump podría textear que en esa mina hay fábricas de fentanilo y nos llueven misiles en una operación militar democrática. Mi opinión es que se presenten argumentos sólidos y que gane el estado de derecho. Quizás para entonces, Trump ya no sea Presidente – Enero del 2027 – y enfrente acusaciones serias por un Comité de justicia ciudadano. Aparecerá en tv, tendrá Rating, pero ya no será de su agrado. Nos vemos la próxima.