Esta columna, la quinta de una serie de ocho, da seguimiento a diversos temas relacionados con la situación actual de la contaminación de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ocurrida el 6 de agosto de 2014 en el río Bacanuchi y el río Sonora. En la columna anterior comenzamos a abordar el tema de salud, en particular de la vigilancia de la salud de la población, lo que se conoce como vigilancia epidemiológica. Concluíamos que, ante el desastre minero en el río Sonora, no ha habido una vigilancia de forma continua, integral y sistemática. Si acaso hubo iniciativas muy limitadas en los dos primeros años y a inicios de 2022.

Era de esperarse que, con estos datos tan contundentes, lo que seguiría inmediatamente sería la atención y tratamiento de los casos positivos. De hecho, en mayo de 2022, se prometió a la población una estrategia de intervención en salud que incluía programas de atención nutricional, psicológica, salud mental, envejecimiento, neurodesarrollo (infancia) y mujeres en edad reproductiva en grupos de población vulnerables; asimismo, se dijo que se realizaría un sistema de monitoreo de la salud y capacitación de promotoras comunitarias para fomentar el autocuidado y alertamiento temprano de sintomatología por exposición toxicológica.

No obstante, nada de lo anterior ocurrió y la población se quedó esperando la implementación. Esta promesa incumplida, se une a otra serie de desatenciones que ya habían ocurrido, la más grave, fue la inoperancia de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el Estado de Sonora (UVEAS). En los primeros años, en la UVEAS se atendieron a 1,373 pacientes por médicos generales y de diferentes especialidades como dermatología, medicina interna y pediatría (https://tinyurl.com/m8u76aba, p. 67). Sin embargo, en los hechos, esta unidad dejó de operar en 2017 y se supone que la vigilancia duraría hasta el 2029. Además, se inició la construcción de la clínica, un inmueble ubicado en el municipio de Ures, donde se planteó la incorporación de 19 profesionales de la salud. Inexplicablemente, dicha construcción se abandonó también en 2017 y los profesionales de la salud especializados nunca llegaron.

Ante la exposición de los habitantes del río Sonora a varios contaminantes, se le considera como una región de emergencia sanitaria y ambiental (RESA). Por esta razón, un conjunto de investigadores identificamos la importancia de estudiar el sistema de salud en esta región para ver qué tanto respondía a las necesidades específicas de la población. Con este objetivo, en 2024, revisamos cuál era la situación de los centros de salud, casa de salud y un hospital comunitario (https://www.ciad.mx/estudiosociales).

Tras la revisión, pudimos concluir que las unidades de salud no cumplen con el personal, infraestructura ni recurso material adecuado para el tratamiento y atención para una RESA. En algunos casos, ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos indispensables de infraestructura establecidos por la normatividad mexicana. Además, el personal médico no cuenta con la experiencia ni con una capacitación para diagnosticar y dar tratamiento a pacientes con exposición crónica a metales pesados. Asimismo, no existe ningún programa de acción para combatir la problemática de la exposición a metales pesados de la población.