Por: José Marcos Medina Bustos, profesor-investigador del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera de El Colegio de Sonora
Durante la mayor parte del siglo XIX en México, la forma legal de nombrar a los gobernantes era por medio de elecciones; pero, en la práctica, también lo fueron los denominados “pronunciamientos”, los cuales -a pesar de ser reconocidos como ilegales- podían adquirir legitimidad si obtenían el consenso de la “opinión pública”. De tal forma que el vocabulario político de la época integró la palabra pronunciamiento como sinónimo de “plan”, para referirse al levantamiento de fuerzas armadas que procuraban tumbar al gobierno en turno, acusándolo de tiránico por violar los derechos del pueblo. La inestabilidad política que generaron los pronunciamientos condujo a que esta etapa de la vida nacional quedara catalogada como “anárquica” y causante de los males que se experimentaron. Sin embargo, me parece que de alguna manera contribuyeron a darle cierta unidad a la recién conformada nación mexicana, como se puede advertir en lugares alejados de los centros políticos, como era el caso de la provincia de Sonora.
Por ejemplo, el 1 de febrero de 1823 el general José Antonio de Echávarri (1789-1834) lanzó el denominado Plan de Casa Mata, en las afueras de la ciudad de Veracruz, a donde lo había enviado Agustín de Iturbide, emperador de México, para combatir el levantamiento del general Antonio López de Santa Anna (1794-1876); sin embargo, Echávarri terminó uniéndose con Santa Anna para demandar la reinstalación del Congreso Nacional disuelto por Iturbide. Este pronunciamiento fue importante porque desconoció las autoridades nombradas por el emperador y dejó en las diputaciones provinciales el gobierno de sus territorios, con lo cual dio inicio el movimiento federalista, que culminaría con la Constitución federal de 1824.
Pues bien, dicho plan fue remitido por el “comandante de las armas de Durango”: coronel Gaspar de Ochoa, al jefe político y militar de la provincia de Sonora, Antonio Narbona, quien residía en la ciudad de Arizpe, entonces su capital, y lo recibió el 20 de marzo de 1823 – mes y medio después de su promulgación- a las 7 de la mañana. Inmediatamente convocó a las “corporaciones, autoridades, empleados públicos y ciudadanos distinguidos” de la ciudad, logrando reunirlos en su casa a las 8:30. Ahí les pidió que “manifestasen su sentir en obvio de los males que pueda ocasionar toda división de opiniones y descuidos en asunto de tamaña importancia”. Después de “cinco horas de discusión acerca del espíritu y designios del referido plan propuso el Jefe Político lo siguiente”: 1) Que se adhieren a la inmediata reinstalación del congreso mexicano 2) Que mientras eso suceda se mantenga la provincia de Sonora y Sinaloa gobernada por sus propias autoridades 3) Que sin separarse de la obediencia a Agustín I se suspenda la correspondencia con los ministerios del gobierno nacional 4) Que se reúna de inmediato la Diputación Provincial de Sonora y Sinaloa 5) Que se exhorte a los pueblos acerca de sus deberes para evitar “extravío de opiniones” y se mantenga “la tranquilidad y buen orden”.
En la reunión también se presentó una proclama de los diputados por Sonora y Sinaloa al Congreso Constituyente (Carlos Espinoza de los Monteros, Manuel Ximénez de Bailo, Antonio de Iriarte, Simón Elías González y Tomás de Escalante), en la que llamaban a no secundar el plan de Casa Mata; sin embargo, pesó más la documentación enviada por Gaspar de Ochoa, que corroboraba que la mayoría de las provincias lo secundaba. Aun así hubo discrepancias, pues el cura Juan Elías González, vocal de la Diputación Provincial, disentía del punto tres. Pero, finalmente, se asentó en el acta que “el voto general de esta ciudad se ha identificado con pequeñas variaciones al de las demás provincias”. Esta acta fue circulada y aprobada en otros lugares como los presidios de Bacoachi, Tucson, Fronteras, Altar y Pitic.
Casos como el narrado, de toma de decisiones por los vecinos de Sonora sobre pronunciamientos que se iniciaban en lugares muy lejanos, coadyubaban a que se reconocieran como parte del recién creado estado nacional mexicano, favoreciendo su consolidación, a pesar de la inestabilidad política que generaban.
