Las frases que describen el comportamiento humano frente al poder sobreviven durante siglos. Una de ellas —atribuida a Voltaire— advierte: “Quienes pueden hacerte creer absurdos, pueden hacerte cometer atrocidades”. Fue escrita en el siglo XVIII (equis, uve, i, i, i) para criticar los excesos del fanatismo religioso y político, y parece haber encontrado en nuestro país un laboratorio fértil.

La política gubernamental de los últimos ocho años ha elevado el absurdo a categoría de discurso oficial. Y no son simples exageraciones retóricas —que siempre han existido— sino una narrativa sistemática donde la realidad es sustituida por consignas, y donde la evidencia se combate con descalificaciones y la fe se vuelve más importante que los hechos.

La transformación llegó con las legítimas promesas de acabar con la corrupción, regenerar la vida pública y transformar de raíz las estructuras del Estado. Pero conforme han avanzado los años, el discurso derivó hacia la construcción de una realidad paralela donde los problemas no existen si se niegan, las críticas son conspiraciones y cualquier fracaso puede atribuirse a los demás.

Uno de los ejemplos más claros ocurrió durante el COVID-19. Mientras los contagios y las muertes aumentaban, el oficialismo insistía en que la estrategia de contención era correcta y que nuestro país era el mejor del mundo manejando la pandemia. Las conferencias mañaneras defendían decisiones que nos terminaron colocando entre los países con mayor número de fallecimientos en exceso durante la crisis.

El absurdo, sin embargo, no terminó ahí, porque también se ha insistido en que la corrupción prácticamente desapareció. Y aunque se han denunciado prácticas irregulares del pasado, incontables casos han golpeado a la administración de la transformación. Uno de los más emblemáticos es el reciente escándalo del “huachicol fiscal”, que involucra a altos mandos de la Marina, pérdidas por casi 600 mil millones de pesos y ha resultado en el asesinato cuasimafioso de 12 testigos claves del caso.

Porque si se cree que todo cuestionamiento es parte de una conspiración, entonces resulta razonable atacar a periodistas críticos. Si se cree que las instituciones estaban podridas, entonces parece lógico debilitar o sustituir al Poder Judicial. Si se cree que cualquier opositor representa a una élite corrupta, entonces la descalificación pública se convierte en un acto casi patriótico.

Cuando el discurso oficial convierte a los críticos en enemigos, la polarización deja de ser un accidente y se convierte en estrategia. Porque la lógica del absurdo trae la consecuencia de dividir a la sociedad en bandos morales, y por eso ya no existen adversarios políticos, sino enemigos del pueblo. Tampoco hay debate público, sino confrontación permanente. Y mucho menos hay errores de gobierno, sino sabotajes de la oposición.

Por eso y en su momento se construyeron contrapesos después del PRI. Las instituciones autónomas, la prensa libre, los tribunales independientes y el debate público abierto, no deben ser vistos como obstáculos para gobernar, sino como defensas contra el abuso. Cuando esos contrapesos se debilitan y el discurso oficial se convierte en verdad incuestionable, el terreno queda listo para que los absurdos se transformen en reformas constitucionales o políticas públicas injustas.

Es entonces cuando la frase de Voltaire deja de ser una reflexión histórica para convertirse en advertencia. Porque la historia también demuestra que ningún gobierno comienza cometiendo injusticias abiertamente, sino que  primero necesita convencer a la sociedad de que lo absurdo es razonable.