El obstáculo a las Organizaciones de la Sociedad Civil
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Hidalgo, 10 de abril de 2026
En materia fiscal nuestro país requiere una reforma profunda de manera urgente a fin de recaudar todos los ingresos necesarios para mover a una nación que tiene muchos temas pendientes por hacer. Desde luego, bajo una perspectiva política que pretende proteger al electorado, tomar una decisión de ese tipo puede propiciar escenarios políticos inesperados para quien hoy ostenta el poder. Lejos de esa reforma de gran calado, se han implementado medidas que endurecen la fiscalización y la recaudación propiciando daños a sectores que en otros momentos habían sostenido la filantropía del país. Hoy muchas de las Organizaciones de la Sociedad Civil se han visto presionadas por el Servicio de Administración Tributaria con el pretexto de cumplir con la legalidad.
Derivado de las últimas reformas al Código Fiscal de la Federación, los requisitos para la OSC se endurecieron, sobre todo en lo concerniente a ostentarse como donatarias autorizadas, elemento fundamental para que este sector se mantenga en pie, ya que buena parte de su operación cotidiana que cubre salarios, rentas y lo del día a día, descansa en esos grandes donadores que, además, hacen deducibles esos gastos.
De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del año, más de 100 organizaciones han perdido la autorización para recibir donativos y 13 fueron dadas de baja de manera definitiva bajo el argumento de no reunir los requisitos para la deducibilidad de donativos por cualquier persona física o moral.
Es evidente que la desaparición absoluta de esas 13 organizaciones en sí misma ya adolece de la gravedad del asunto, sin embargo, todas aquellas que no están autorizadas para recibir donativos están en una situación tan comprometedora que prácticamente las destina a su desaparición absoluta, ya que la fuente de sus ingresos en buena medida descansa en todos los donativos que obtienen.
De hecho, dentro de las reglas operativas para estas asociaciones se señala que, en caso de que no se recupere la autorización como donatarias, se tendrán que dar de baja y otorgar su patrimonio a otra que sí tenga autorización. Todo ello es derivado, de hecho, de modificaciones realizadas a diversas leyes, por ejemplo a la de Ciencias y Humanidades que restringe la validez de constancias del CONACYTH, por lo que todas las que tengan por objeto la investigación ya no cumplen con un requisito mandatado por el SAT a pesar de que la falta de validez es decretada por otra dependencia pública.
En un Estado tan grande como el nuestro, los pendientes, las necesidades y todo aquello necesario para que el país avance requiere de un trabajo conjunto con el sector privado y el social tal y como lo expresa la propia Constitución cuando nos habla de la Planeación Nacional Democrática, ya que, se sabe, estas organizaciones subsumen la obligación del gobierno para poder llegar a sectores que, por falta de recursos o de operación, no cubre.
Ahora que se están pidiendo mesas de diálogo con el SAT, las autoridades deben tener claridad en el hecho de que las reglas, si no flexibilizarse, se deben de facilitar para que este sector pueda atender a la población que lo venía haciendo dejando de lado este obstáculo que más parece burocrático que real.
