Lamentablemente ayer domingo, 22 de febrero, nuestro país estuvo envuelto por una serie de acciones incendiarias con las que un grupo delincuencial bloqueó carreteras, accesos a algunas ciudades importantes de diferentes estados, como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Puebla e Hidalgo, entre otros.

En redes sociales circularon muchos videos que dieron cuenta de la situación. En ellos vimos cómo decenas de vehículos automotores fueron quemados en medio de avenidas y carreteras, para convertirlos en una especie de escudos mientras que los delincuentes seguían su camino.

El temor se adueñó de una gran parte de la población y muchas familias decidieron no salir de casa, en tanto que en algunos hoteles se prohibió la salida de los huéspedes ante el peligro.

También se interrumpieron los viajes en autobús en distintos estados del país e Hidalgo no fue la excepción, fundamentalmente en las corridas que salen a Veracruz.

¿Será que es gracias a esas organizaciones, del llamado crimen organizado, que se mueve una buena parte de la economía mexicana? ¿Qué sería de muchas familias sin la operación de actividades ilícitas como el huachicol?

Parece que esto es lo que más debe preocupar a nuestras autoridades.

¿SE DESALIENTAN LAS INVERSIONES?

Por otro lado, es un hecho que en México se requiere de la creación de muchos, muchos empleos y de una mejor remuneración, más allá de una modificación en la cantidad de horas de trabajo.

De qué sirve reducir la jornada laboral si lo más importante es que hay muchas personas que carecen de una actividad formal remunerada, lo cual los lleva a sumarse a las filas de la población en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

Debe ser una prioridad que quienes gobiernan generen las condiciones favorables y necesarias para la atracción de capitales, de inversiones que se instalen en territorio nacional y contribuyan a la generación de empleos, porque ello se convierte en un motor para el crecimiento económico y el desarrollo.

Pero hechos como los que se vivieron ayer domingo indudablemente hacen dudar a los dueños del dinero, quienes se ven obligados a revalorar si sus inversiones están seguras en México o no.

Si la población no tiene garantizada su seguridad, no puede viajar por carretera, no puede ir a la escuela ni celebrar una actividad tradicional religiosa, por ejemplo. En consecuencia, tampoco es seguro el traslado de mercancías porque el riesgo de sufrir pérdidas es alto.

¿Qué está pasando en México? ¿Quién tiene el control? ¿Quién manda y quién obedece?