El diputado, Avelino Tovar, se refirió específicamente a personas que tienen cáncer y requieren atención prioritaria
Maximiliano Pérez
En ese sentido, subrayó la necesidad de contar con un marco legal que permita conciliar las responsabilidades laborales y familiares sin poner en riesgo la estabilidad económica de los trabajadores.
El diputado local, Avelino Tovar Iglesias, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa de decreto para ampliar las licencias con goce de sueldo a servidores públicos que deban atender a familiares en situación de alta vulnerabilidad.
La propuesta busca reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, a fin de que las y los trabajadores puedan solicitar licencias cuando sus padres o hijos menores de edad sean diagnosticados con cáncer o alguna enfermedad en estado terminal, subsanando un vacío legal que actualmente limita este derecho.
De acuerdo con la iniciativa, además de ampliar los supuestos de licencia, se plantea la adición de un nuevo artículo que permitiría otorgar hasta 10 días hábiles con goce de sueldo, en un máximo de cuatro ocasiones al año, siempre que se acredite el parentesco en primer grado y se presente un certificado médico expedido por una institución de salud.
Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que muchos servidores públicos enfrentan el cuidado de familiares gravemente enfermos sin respaldo institucional, lo que genera desgaste físico y emocional, conocido como el “síndrome del cuidador quemado”, además de afectar su desempeño laboral.
La iniciativa se sustenta en el derecho constitucional a la salud y a la protección de la familia, así como en criterios de la Organización Mundial de la Salud, el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo y recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, con perspectiva de género.
De aprobarse, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y representaría un avance en la humanización del servicio público, promoviendo la corresponsabilidad institucional y una mayor protección de los derechos laborales y humanos en Hidalgo.
