¿Es legal? La multa que impuso una comunidad de Hidalgo a cazadores por ‘usos y costumbres’

Durante una reunión de asamblea general, los vecinos y autoridades de la comunidad de El Aguacate del municipio de Huautla, acordaron aplicar, de acuerdo a sus usos y costumbres, una multa de 30 mil pesos a la persona que sea sorprendida practicando la cacería furtiva en toda la extensión de este centro poblacional, así como se dará difusión a este documento a través de diversos letreros o de mamparas.

Lo anterior, fue informado por el delegado de la localidad de El Aguacate, Joaquín Vite Nava, asegurando que también se decomisará a los posibles infractores armas de cualquier tipo o, en su defecto, equipo de caza que traigan consigo a la hora de ser detenidos por los habitantes, por lo que serán consignados directamente con las autoridades competentes en el ámbito federal.

Esta medida que se consensó tiene como única finalidad frenar el impacto negativo en la fauna de Huautla y a la vez preservar el equilibrio ecológico que aún se tiene en esta parte de la región de la Huasteca Hidalguense. Por ello, es necesario que se conozca esta información con los demás municipios y se eviten problemas con esta nueva norma

Detallaron que a esta medida fue respaldada y apoyada directamente por la asamblea municipal de Huautla, la dirección de Seguridad Pública Municipal y el área de Ecología y Medio Ambiente, quienes acudieron a la reunión asamblea que se llevó a cabo en la misma comunidad de El Aguacate, donde ahí mismo se firmó una minuta de acuerdos entre las partes involucradas.

De igual manera, las autoridades de este centro poblacional advirtieron que se va a reforzar la vigilancia en las inmediaciones de esta localidad día y noche, lo que permitirá asegurar que se respete la vida silvestre y el entorno natural que sostiene este punto del municipio de Huautla; de lo contrario, las personas ajenas serán acreedoras a esta sanción económica que se determinó.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a aplicar sus propios sistemas normativos internos (usos y costumbres) para regular su convivencia.