Al SAT se le debe respetar, no temer.
La situación se agrava en el terreno de la defensa fiscal. Con juzgadores que, en los hechos, muestran una deferencia creciente hacia la autoridad fiscal, el margen de protección para el contribuyente se reduce de manera significativa.
Todos hemos sido testigos de cambios recientes y fundamentales en materia legal y fiscal en nuestro país, dentro de un Estado que, por un lado, se presume en el discurso político como legal, constitucional y respetuoso del debido proceso, pero que, por otro, ejecuta una estrategia de fiscalización basada más en la intimidación que en la certeza jurídica.
En México, la relación entre el contribuyente cautivo y el SAT se ha ido distanciando peligrosamente: de una lógica básica de cumplimiento y legalidad, a una de exceso de obligaciones, vigilancia permanente, advertencia constante y castigo ejemplar, respaldada por un marco normativo cada vez más amplio en facultades y cada vez más restrictivo en garantías.
Correos electrónicos, comunicados masivos, mensajes de texto directos al celular del contribuyente, avisos reiterados en el Buzón Tributario y actos de fiscalización cada vez más invasivos se han normalizado como parte de la vida cotidiana del contribuyente y de los contadores.
No son simples recordatorios administrativos; son mecanismos que encuentran sustento en disposiciones del Código Fiscal de la Federación y que, en la práctica, están diseñados para generar urgencia, ansiedad y temor. Cuando la autoridad fiscal utiliza el miedo como herramienta eficaz, la legalidad se desplaza para dar prioridad a la recaudación.
El SAT ha avanzado paso a paso. Inició con ajustes técnicos y criterios normativos; continuó con reinterpretaciones legales y con la normalización de la excepción. En materia fiscal, primero se amplían las facultades de comprobación; después se endurecen las sanciones; más tarde se criminalizan conductas administrativas y, finalmente, se traslada al contribuyente la carga casi absoluta de probar la licitud de sus operaciones, sin dejar margen a posibles errores involuntarios, como el emitir o recibir CFDI´s de manera incorrecta. Todo ello quedó consolidado con las reformas fiscales que entraron en vigor en 2026, bajo la premisa de fortalecer la fiscalización y el combate a la evasión.
Hoy, la fiscalización ya no se percibe como un proceso de verificación, sino como una cacería preventiva y altamente eficiente en recaudación. La suspensión o cancelación de sellos digitales se ha convertido en un mecanismo de asfixia inmediata, capaz de paralizar operaciones empresariales sin necesidad de una resolución definitiva. La amenaza de convertir infracciones fiscales en delitos penales opera como una espada permanente, incluso antes de que exista una determinación firme del crédito fiscal.
Ser contribuyente cumplido, paradójicamente, se ha vuelto un factor de exposición. El contribuyente cautivo, el que factura, declara, paga y se mantiene dentro del radar del SAT, es quien recibe la presión constante, mientras que la informalidad, en muchos casos, permanece fuera del alcance real del sistema. El mensaje implícito es peligroso: cumplir tiene un costo cada vez más alto, tanto administrativo como económico, y no cumplir, dentro de ciertos márgenes, parece menos riesgoso.
No se trata de negar la necesidad de recaudar ni de justificar la evasión. Se trata de advertir que un sistema fiscal que opera desde la presión constante, sin beneficios tangibles para el contribuyente cumplido, pierde legitimidad. Cuando la autoridad fiscal actúa como juez y parte, cuando la amenaza sustituye a la razón y cuando la sanción precede al debido proceso, el problema deja de ser meramente recaudatorio y se vuelve institucional.
El impacto no es menor: muchos pequeños y medianos contribuyentes comienzan a refugiarse en la informalidad como mecanismo de supervivencia económica. No por vocación evasora, sino por necesidad; no por desprecio a la ley, sino por la percepción de que la ley ya no protege, sino persigue.
¿Dónde está la proporcionalidad establecida en nuestra Constitución? ¿Dónde la defensa efectiva del contribuyente frente al poder recaudador del Estado? ¿Dónde están los contrapesos? ¿Quién está midiendo el costo económico, social y jurídico de convertir el miedo en política fiscal en un país que afirma aspirar a la formalidad, la inversión y el crecimiento?
Socio, Director en FP Corporativo.
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@CPFRANCOPADILLA
