Sistema penal, de los mejores

GUANAJUATO, Gto.- Al rendir su Informe de Resultados, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Claudia Barrera Rangel, afirmó que se continuará trabajando para consolidar el Sistema Penal Acusatorio entre los primeros lugares a nivel nacional, al señalar que el Poder Judicial de Guanajuato es una institución sólida y confiable, sobre todo cercana a la gente.

“Haremos las acciones necesarias para consolidar el Sistema Penal Acusatorio porque nos interesa seguir ocupando los primeros lugares y seguir siendo referente nacional de dicho sistema, por sus buenas prácticas y nos interesa más que nuestra sociedad se encuentren en paz, que goce y viva los beneficios de un Sistema Penal Acusatorio plenamente consolidado porque Guanajuato y nuestro país lo merecen”, sostuvo.

En sesión pública y solemne, la magistrada del STJ destacó que, en este primer año de su gestión, se logró abatir el rezago histórico de las resoluciones al encontrarse a la fecha en un estándar que ronda el 99.2 por ciento de cumplimiento y se pretende abatir al 100 por ciento.

En el Sistema de Oralidad Mercantil, en 2018 se brindó atención oportuna a 4 mil 013 demandas a cargo de 6 jueces especializados y que, al haber duplicado el número de asuntos sin enfrentar complicaciones procesales, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, reconoció al Poder Judicial de Guanajuato con el Primer Lugar Nacional en Materia de Implementación de Juicios Orales Mercantiles.

En cuanto a los resultados obtenidos en los Juzgados Civiles, la magistrada Claudia Barrera apuntó que se recibieron 124 mil 342 demandas y fueron resueltas 126 mil 119 asuntos con lo que se mejoró sensiblemente las soluciones que la sociedad requiere de sus conflictos. Se resolvieron 5 mil 200 apelaciones interpuestas este año por la mejora constante y la respuesta a los conflictos jurídicos.

En el Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial y Oral, que se implementó a partir del primero de junio de 2016, se atendieron 8 mil 684 causas y 28 mil 818 audiencias que se generaron y que a la fecha ya están terminados 1 mil 142 asuntos mediante juicios abreviados, 2 mil 819 a través de la mediación entre los interesados, mientras que en 273 procesos se emitieron 162 sentencias condenatorias, algunas con sanciones históricas de 83, 90 y 100 años, aplicadas a responsables de delitos de violación, corrupción de menores y secuestro.

Por lo que respecta al Sistema de Justicia para Adolescentes, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado apuntó que fueron impartidas pláticas en más de 86 planteles sobre el funcionamiento del Sistema en la que se atendieron a 10 mil 914 jóvenes de secundaria y preparatoria y continuarán realizándose en esta administración para promover medidas preventivas entre los jóvenes.

En el tema de Justicia Alternativa, se recibieron y atendieron 29 mil 357 solicitudes de mediación y conciliación y que dio lugar a la celebración de 12 mil 178 audiencias y a la consecución de 10 mil 522 convenios que dio un alto grado de eficiencia con el 88 por ciento.

Asimismo, en cuanto al Sistema Penal Acusatorio, la magistrada Barrera Rangel fue enfática al señalar que los jueces están obligados a respetar los derechos humanos de las personas, pero sancionando al que se le ha demostrado mediante el proceso legal correspondiente su culpabilidad, “no antes ya que solo los jueces juzgan y solo ellos pueden determinar si alguien es culpable o no de lo que se le acusa pues así lo mandata la ley”.

Todo proceso de investigación tiene el compromiso de respetar el principio de presunción de inocencia de quienes están sujetos a dichos procedimientos pues no será sino hasta que seguido el debido proceso legal, que el órgano correspondiente pueda determinar que existió la responsabilidad administrativa e impondrá la sanción legal que la ley prevea, anotó.

Resaltó “con motivo de las quejas, denuncias o procedimientos disciplinarios, este año el Consejo impuso sanciones a 18 servidores públicos adscritos a diversos órganos administrativos y jurisdiccionales, aunque representa una baja considerable en las sanciones impuestas y demuestra que las actividades con el fin de prevenir las faltas administrativas como son el reforzamiento de las medidas de control y la reorientación de las visitas como mecanismo de prevención tuvieron un efecto positivo”.

Finalmente manifestó que se continuará favoreciendo la prevención porque el hecho de que un juez desacate la norma, así sea administrativa, es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia porque los jueces obtenemos nuestra legitimación no del voto público, sino de nuestra actuación directa o cotidiana en ejercicio de nuestras funciones”.