La omisión que cambió mi vida: Del cáncer que no sabía

Una omisión en el sistema de salud transformó una enfermedad tratable en un cáncer avanzado

Expediente-médico — El caso de Valeria pone en evidencia cómo la omisión médica puede agravar una enfermedad y generar responsabilidad del Estado. / Foto: Canva

Alejandro Paul Hernández Naranjo

En los pasillos de un hospital público, Valeria aprendió una lección que ninguna persona debería aprender: que una omisión puede cambiar una vida para siempre. A su lado, Vladimir —su esposo— fue testigo de cómo una espera injustificada, un resultado no informado y una cadena de descuidos terminaron por transformar una enfermedad tratable en una lucha devastadora.

Valeria acudía de manera regular a su hospital de seguridad social. En septiembre de 2018 fue sometida a una cirugía para retirar una masa en el seno izquierdo. Como parte del procedimiento, se realizó un estudio de patología para determinar si existía cáncer. Al volver días después para revisión, preguntó expresamente por los resultados. La respuesta fue tranquilizadora: “si hay algo malo, nosotros le llamamos”.

La llamada nunca llegó.

Durante más de dos años, Valeria siguió con su vida. Las consultas se fueron postergando, algunas citas se cancelaron y la pandemia agravó el rezago. Nadie le informó que, desde 2018, el reporte anatomopatológico ya había confirmado la existencia de un carcinoma.

Fue hasta 2021, en un ingreso hospitalario por un problema distinto, cuando un médico —al revisar su expediente— le dijo de forma abrupta que tenía cáncer y que ese resultado llevaba años en su archivo clínico. Ahí comenzó la verdadera tragedia.

Para entonces, la enfermedad ya había avanzado. El tratamiento se volvió más agresivo: quimioterapias, una mastectomía radical, después la extirpación de ovarios, trompas y matriz, y finalmente el diagnóstico de metástasis en distintos órganos.

Vladimir no solo acompañó a Valeria en cada hospitalización. También fue quien vio cómo ella perdió progresivamente su capacidad para trabajar, su estabilidad emocional y su proyecto de vida.

La Constitución reconoce que el Estado debe responder por los daños que cause a las personas cuando éstos se producen como consecuencia de su actividad administrativa irregular.

Dicho de forma simple: si un servicio público se presta de manera defectuosa y de ello se deriva un daño que una persona no está obligada jurídicamente a soportar, existe el derecho a ser indemnizado.

En el caso que hoy comentamos, la prestación del servicio médico por parte de una institución pública forma parte de la función administrativa del Estado. La atención en salud no es un acto privado: es una obligación pública. Y la jurisprudencia ha sido clara en un punto esencial:

la actuación negligente u omisiva del personal médico de instituciones públicas constituye actividad administrativa irregular.

Aquí no se discutió un error quirúrgico ni un tratamiento equivocado. El problema central fue otro, más silencioso y, a veces, menos visible: no informar a la paciente el resultado de un estudio oncológico fundamental.

Esa omisión, por sí sola, rompe los estándares mínimos de diligencia que deben regir la atención médica institucional. El derecho a la salud no se satisface únicamente con realizar estudios; exige informar, explicar, canalizar y dar seguimiento.

Para que exista responsabilidad patrimonial del Estado no basta con acreditar que la autoridad actuó mal. Es indispensable demostrar el nexo causal. Esto significa probar que el daño sufrido por la persona es consecuencia directa de la actuación irregular.

En este caso, el eje de la discusión fue claro: ¿La falta de información oportuna sobre el diagnóstico influyó en el agravamiento de la enfermedad y en las consecuencias que sufrió Valeria? La respuesta del expediente es contundente.

Un dictamen pericial en materia de responsabilidad profesional médica concluyó que la omisión de informar y de actuar conforme a las guías clínicas provocó un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento adecuado del cáncer, lo que favoreció su progresión y la aparición de metástasis.

No se exige probar con certeza absoluta que el desenlace habría sido distinto, sino demostrar —con apoyo técnico— que la conducta omisiva generó una pérdida real de oportunidad terapéutica y un agravamiento del cuadro clínico. En materia de responsabilidad patrimonial, ese vínculo es suficiente.

La historia de Valeria y Vladimir no es únicamente un caso jurídico. Es una advertencia institucional. La responsabilidad patrimonial del Estado cumple una función que va más allá de la indemnización: obliga a revisar cómo se prestan los servicios públicos y a reconocer que el daño también se produce cuando el sistema falla en lo más elemental: informar, dar seguimiento y actuar a tiempo.

Este caso deja una enseñanza profunda. La responsabilidad patrimonial del Estado no es un privilegio, ni una concesión graciosa. Es un derecho constitucional que busca equilibrar la relación entre el ciudadano y una administración que, cuando falla, tiene el deber de reparar.

La historia de Valeria y Vladimir nos recuerda que el servicio público de salud no se mide únicamente por la existencia de hospitales, médicos o expedientes, sino por la calidad real de la atención, por la comunicación efectiva y por el respeto a la dignidad de las personas. Porque en materia de salud, el tiempo perdido no se recupera y el derecho, cuando llega tarde, ya no alcanza a curar, pero sí debe reparar.

Alejandro Paul Hernández Naranjo
Abogado, académico, especialista en derecho administrativo y electoral, practicante de la justicia abierta y amante de los animales

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