En momentos de crisis, la información no es un accesorio: es una necesidad básica. Lo aprendimos durante la pandemia, frente a desastres naturales y en episodios de violencia que sacuden comunidades enteras. Cuando la incertidumbre se instala, el vacío informativo se convierte en terreno fértil para la desinformación, el rumor y el alarmismo. Por eso, la información oficial, clara y oportuna, no es una concesión de la autoridad; es un derecho de la ciudadanía.
El acceso a la información pública es una herramienta para tomar decisiones informadas, protegernos y exigir cuentas. En contextos de crisis, ese derecho adquiere una dimensión aún más profunda, pues puede significar tranquilidad o angustia; prevención o caos. Hoy, ante hechos que han generado preocupación a nivel nacional y también internacional, como la escalada de violencia en Medio Oriente, se vuelve indispensable distinguir entre datos verificados y versiones sin sustento. Informarse con precisión es una forma de cuidado colectivo.
Cuando las autoridades comunican tarde, de forma fragmentada o contradictoria, se abre la puerta a narrativas no verificadas que circulan con rapidez en redes sociales y servicios de mensajería. En cuestión de minutos, una imagen fuera de contexto, un video antiguo presentado como actual o un audio anónimo pueden detonar pánico colectivo. La ausencia de datos oficiales fortalece rumores que, además de desinformar, erosionan la confianza pública y dificultan la gestión de la propia crisis.
La información oficial debe cumplir al menos tres principios fundamentales: veracidad, oportunidad y claridad. Veracidad, porque la confianza se construye con datos comprobables y fuentes identificables. Oportunidad, porque en una emergencia cada minuto cuenta y el silencio prolongado se interpreta como negligencia o encubrimiento. Y claridad, porque no basta con publicar comunicados técnicos incomprensibles para la mayoría. Comunicar también es traducir, explicar y contextualizar para que la información sea útil y accesible.
No se trata de ocultar errores ni de maquillar la realidad. Al contrario, reconocer lo que no se sabe y explicar qué se está haciendo para obtener respuestas fortalece la credibilidad institucional. La ciudadanía comprende que las crisis son complejas y cambiantes; lo que no tolera es la simulación, la opacidad o la minimización de los hechos. La transparencia, incluso en medio de la dificultad, envía un mensaje de responsabilidad.
En la era digital, la responsabilidad pública es aún mayor. Las plataformas amplifican tanto la información como la mentira. Por ello, las instituciones deben asumir una estrategia activa y permanente de comunicación: actualizar datos de manera constante, utilizar distintos canales, ofrecer conferencias abiertas, combatir rumores con evidencia y mantener disponibles los mecanismos de acceso a la información. La transparencia no puede suspenderse cuando más se necesita.
La información oficial también es una forma de protección. Permite a las familias decidir con mayor certeza, a los medios informar con rigor y a la sociedad evitar reacciones precipitadas que pueden agravar la situación. Una comunidad bien informada es menos vulnerable al miedo, menos manipulable y más solidaria.
Hoy más que nunca debemos entender que la transparencia no es un lujo reservado a tiempos de estabilidad. Es, sobre todo, una política pública indispensable en tiempos de crisis. Porque donde hay información confiable, hay certidumbre. Y donde hay certidumbre, hay ciudadanía activa, crítica y participativa.
