Activistas señalan que se incurrió en la trampa y el engaño para promover y aprobar un Código Urbano que pretende ceder cada vez más a la iniciativa privada
Silvia Ortiz / El Sol del Centro
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Integrantes de la colectiva Salvemos La Pona, en rueda de prensa, dieron a conocer que se han encontrado graves violaciones a las formalidades esenciales del proceso legislativo que se llevó a cabo para la aprobación del nuevo Código Urbano estatal y en la búsqueda de detener tal aplicación han integrado dichas irregularidades a la demanda de amparo que presentaron.
En ese sentido, Oscar de La Torre, Belinda Camarena y Sofía González Ponce reiteraron que existe un injusto sesgo a favor de las inmobiliarias, “realizamos una indagatoria que incluyó solicitudes de información y visitas en físico al expediente oficial, y encontramos que se omitió su integración a cabalidad, ya que faltaban varios documentos, así como los anexos con tablas comparativas entre el viejo y del nuevo ordenamiento, últimos que se supone, son parte del dictamen aprobado”.
Según el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el expediente oficial debe contener 11 tipos de documentos, entre ellos, todos los relativos al estudio y análisis de la iniciativa. Sin embargo, “posterior a intentar acceder a la información en digital, visitamos el Congreso donde finalmente nos dijeron que no podíamos acceder al expediente porque no estaba integrado en su totalidad”.
Además, dicho proyecto de ley solo fue estudiado y dictaminado por dos comisiones legislativas que son Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y la de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, dejando fuera a otras comisiones clave para dictaminar el amplio contenido del Código Urbano como la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Recursos Hidráulicos, Comisión de Desarrollo social y la Comisión de Medio Ambiente.
Por tanto, argumentaron que el Congreso del Estado violó los derechos y mecanismos que lo obligan con la ciudadanía a la transparencia, a la máxima publicidad, al acceso a la información, a la apertura gubernamental, a la participación ciudadana y al deber de realizar foros de consulta, en detrimento de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable y el saneamiento, a la salud, a un desarrollo integral y sustentable y a la Ciudad.
