Gustavo Flores explica que la militarización consiste también en que las policías civiles se conviertan en una especie de copia o variante de las fuerzas armadas, con lo cual estas desaparecen y “la gente se olvida de las policías”.
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La adscripción nominal de las policías al ejército no constituye el verdadero riesgo de lo que llamamos “militarización”. Lo más preocupantes,señala en entrevista exclusiva con la Organización Editorial Mexicana el doctor Gustavo Flores Macías, mexicano, Vicerrector del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cornell en Nueva York, es que entre la población civil crezca la percepción de que los militares son más capaces de resolver problemas sociales que los civiles.
Formalmente, señala el también docente de la Universidad de Harvard, “no hay evidencia de que la mayor presencia de las fuerzas armadas tenga relación directa con los indicadores objetivos de inseguridad, pero sí con la percepción de que pueden hacer algo para detener el deterioro de indicadores de la calidad de la democracia, como el crimen”.
Una cosa es resolver los problemas de inseguridad y otra es generar en la sociedad la percepción de que se ponen en marcha soluciones. Es ahí, señala Flores, en donde los políticos recurren al llamado “populismo punitivo, que son promesas o soluciones fáciles que le venden a la gente para obtener una ganancia política o electoral. La militarización es uno de los muchos tipos de populismo punitivo”, advierte.
Se trata de que el líder aparece como fuerte, y genera la sensación de que va a “tomar el toro por los cuernos”. El populismo punitivo es una solución “de manotazo a la mesa y de alguien que dice: vamos a traer a los que pueden; llegan los militares con armas largas y dado que hay un clamor por mayor seguridad pública, la gente dice ‘sí, lo que sea, hay que traer al ejército, adelante’”.
Flores, autor de “La militarización del cumplimiento de la ley: evidencia de América Latina” publicado en Perspectives on Politics apunta: “Eso no sólo ocurre en México sino en toda América Latina. Pero existe una brecha entre lo atractivo que resulta esta política ante los ojos de la gente y sus resultados para resolver los problemas de inseguridad. Cada vez hay más evidencia de que la militarización de la seguridad pública no trae resultados deseables en cuanto a reducción del crimen, pero sí provoca externalidades negativas en cuanto a aumento en niveles de violencia, en violaciones de derechos humanos. [De cualquier modo] para los políticos es atractivo porque dan la apariencia de que están haciendo algo”.
“Existe un espectro de militarización de la seguridad pública que va desde las policías civiles que adoptan tácticas, entrenamiento, equipamiento, armas propias de los militares aun cuando no tengan nada que ver en cuanto a la estructura de los mismos. Cuando las policías municipales, estatales o federales empiezan a adoptar patrones de comportamiento del ejército ya estamos hablando de una militarización de la seguridad pública”.
El autor de “Las consecuencias de militarizar los esfuerzos antinarcóticos estatales en América Latina”, publicado en Comparative Politics, ejemplifica que “ha habido una militarización de las policías de Estados Unidos que lleva décadas ya. Incluso –recuerda– existe el programa 1033 con el cual se decomisaron armas y equipo durante las guerras de Afganistán e Irak y se entregaron a los departamentos de policías locales. Pero los niveles de violencia han aumentado ahora que los policías son como ‘Rambos’ con ametralladoras y hummers. Hace 20 años un policía en México no necesariamente traía ametralladora y, ahora, el que no tiene es el que abre la puerta en la comisaría”.
Gustavo Flores afirma que el espectro de la militarización va desde “las policías civiles que se comportan como militares; en medio del espectro están organizaciones como las gendarmerías o los carabineros en Chile que son organizaciones híbridas y en el otro extremo, es cuando el ejército directamente patrulla las calles”.
En este abanico de posibilidades, “hay elementos que facilitan o dificultan la tarea de seguridad pública. En el extremo en el que los militares desarrollan tareas de seguridad, es más probable que la gente denuncie a un policía civil que a un soldado por intimidación, lo cual lleva a un mayor riesgo de impunidad”.
Al cuestionar al académico acerca de las alternativas para disminuir la inseguridad pública y sus efectos, en lugar de la militarización, asevera: “mandar al ejército tiene un efecto mínimo en la reducción de la delincuencia; lo que tiene mayor efecto es un trabajo de bajo perfil de inteligencia con vínculos en la sociedad para poder detectar patrones de delincuencia y actuar de una forma que realmente impacte a los malhechores”.
Y añade: “Ese es el problema de los grupos de reacción inmediata de choque. Si bien el ejército ha tenido un aumento en capacitación en materia de derechos humanos, la labor de inteligencia, de estar vinculado con la sociedad para saber quién está operando, dónde, cómo y en qué términos… y no sólo para detectar a los líderes y arrestarlos porque los reemplazan al día siguiente, sino de dónde viene el dinero. Cómo llegan los recursos a las organizaciones criminales y a la delincuencia. Esto se logra mejor con una policía civil con vínculos con la sociedad que con los grupos de reacción de choque que llaman más la atención pero no son tan efectivos a la hora de reducir la delincuencia”.
De cualquier forma, “los incentivos son cruciales. No se trata de la superioridad moral o de resistir tentaciones sino de que haya estado de derecho. Los soldados no son moralmente superiores a los policías. Depender de eso sería un error porque los militares podrían caer en el círculo vicioso de prácticas corruptas en que pueden caer los civiles”, reflexiona.
A manera de corolario, el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown afirma que “En México nos hemos acostumbrado a grandes mitos que no ayudan. Uno, que es posible hacer una división entre la gente que está involucrada [en actividades delictivas] y la gente que no, ‘los buenos y los malos’. Existe una ‘zona gris’ en la que la gente se pregunta ¿lo debo denunciar? Porque es su pariente, su hijo o su hermano. Así, es muy difícil poner la carga moral sobre esa gente porque no denuncia”.
Y el otro mito, señala el académico, “es que el narcotráfico se ha vuelto la excusa para todas las actividades ilegales que ocurren en México”, cuando en realidad hay un extenso catálogo de delitos que a diario se cometen. Estos dos puntos concluye Gustavo Flores Macías, “oscurecen el diagnóstico real de la situación que se requiere para diseñar políticas públicas para enfrentar el problema de la inseguridad pública.”
