La reforma busca la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y cambios en la elección de jueces y magistrados
Monserrat Caudillo
En ese sentido, que establece un procedimiento de elección de ministras y ministros, magistradas y magistrados y jueces y juezas, a través del voto directo de la ciudadanía.
Guanajuato, Gto.- La creación de un Tribunal específico a cargo de la disciplina judicial; la incorporación de la figura de la Comisión Unitaria del Tribunal de Disciplina Judicial como sustanciadora y resolutora; así como mantener el esquema de evaluación al desempeño y que el organismo público electoral local otorgue las constancias de mayoría y validez de integrantes del Poder Judicial; entre otros aspectos, son los que contempla la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, en materia de reforma al Poder Judicial.
Lo anterior presentada por el grupo parlamentario del PAN y de la representación parlamentaria del PRD, que entre las consideraciones de la propuesta se señala que la modificación realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial implica la democratización en la elección de los juzgadores.
En el documento presentado, se argumenta que el Poder Judicial estatal es el poder público encargado de la impartición de justicia, actividad necesaria al interior de toda sociedad, asegurando su coexistencia, permanencia y desarrollo, siempre bajo la perspectiva de brindar una justicia accesible y de vanguardia.
En ese sentido, explica que algunos de los aspectos principales de la reforma judicial federal, entre ellos la reestructura del Poder Judicial, a través de la conformación de un Órgano de Administración Judicial y de un Tribunal de Disciplina Judicial; un nuevo mecanismo de elección y designación de las personas juzgadoras; los requisitos y prohibiciones para contender a dichos cargos, los periodos de duración en el mismo, evaluación al desempeño y las causales de remoción.
En la iniciativa se puntualiza que se va a respetar lo contenido en la reforma a la Constitución Política federal, dentro de lo aplicable al ámbito estatal, respetando los derechos laborales de quienes actualmente se desempeñan como juzgadores y de las demás personas que integran el PJ.
Además, en el marco de los derechos de toda persona inculpada, la obligación de que el órgano jurisdiccional que conozca de la causa, al haberse vencido los plazos para que toda persona sea juzgada, en materia penal (cuatro meses en caso de delito con pena privativa máxima de dos años, y un año para delitos con pena de prisión que exceda de dos años), dé aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, con la respectiva justificación en la demora.
Se establece como facultad del Congreso la realización de las propuestas de las personas que habrán de participar en la elección para magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como la correspondiente a otorgar o negar las solicitudes de licencia por más de seis meses, o bien, de las renuncias.
