Ciudadanos supervisarán obras públicas

Dijo que la formación de estos comités de contraloría social por cada obra que se realice es conforme al reglamento recién aprobado por el Cabildo de Mazatlán y que tiene su fundamento en el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, que data desde 2017.

Comentó que sobre la marcha se irá trabajando en la integración de más comités ya que, de acuerdo al Reglamento, ninguna obra debe iniciar hasta que se tenga dicha comisión ciudadana.

“Los comités se tienen que tener ya listos para cuando la obra empiece, no empieza si no tiene un comité, y debe ser de participación ciudadana, es uno por obra, ya que son los dineros de la gente, y eso se va a dar sobre la marcha”, expresó.

Indicó que a través de los comités de contraloría social se involucra de manera directa a la ciudadanía en la supervisión de las acciones de gobierno, principalmente en obra pública, y se forman con los propios beneficiarios de la obra, donde se designa en una asamblea vecinal a un presidente, un secretario, un tesorero, primer y segundo vocal.

En el caso de infraestructura educativa, agregó, son los padres de familia y los maestros los que integran dicho comité.

Si en una obra sobran recursos por ahorros, ese dinero se tiene que invertir en el mismo sector, pues fue asignado para eso. De ahí que la tarea del comité no solo se circunscribe en ver la calidad de los materiales y la buena ejecución de la obra, sino también darle seguimiento a la misma y asegurar que todo el recurso se aplique en el mismo lugar.

“Los ojos de nosotros de la Sindicatura en Procuración, en las obras, son los comités de contraloría social, y los ojos de ellos para que se firme lo que le corresponde a la cuestión financiera en cada obra, somos nosotros, así que ahí vamos a trabajar de manera unida en esa actividad, y eso es lo que se quiere”, apuntó.

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Los comités de contraloría social se regirán por el reglamento municipal recién aprobado por el Cabildo de Mazatlán, instrumento que no se tenía a pesar de que desde el año 2017 estaba en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

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