Modifican Programa Anual de Obra pública en Mazatlán

Mientras no se tenga certeza jurídica no se puede invertir recurso público en una propiedad que no ha sido donada

Carla González / El Sol de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Por falta de certeza jurídica algunos proyectos hidrosanitarios y de obra pública tendrán que ser dados de baja del Programa Anual de Obra Pública 2023 y otros más serán dado de alta en este documento.

Lo anterior fue aprobado por el Cabildo en pleno en la pasa sesión ordinaria de Cabildo número 42, luego de que la comisión de Urbanismo, Ecología y Obras presentará el dictamen.

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Bajas

-En la zona urbana fueron dado de baja siete proyectos por un monto de 10 millones 911 mil 335.09 pesos.

-En la zona rural tres proyectos por un monto de 5 millones 397 mil 081.79 pesos.

-Mientras que en servicios relacionados con obra pública fueron dados de cinco proyectos por un monto de 4 millones 532 mil 548.13 pesos.

-Subtotal: 20 millones 840 mil 965.01 pesos

-Se dieron de baja cinco proyectos en la zona rural por 8 millones 636 mil 829.57 pesos.

-Se dio de baja cuatro proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria por 2 millones 238 955.20 pesos.

-Subtotal: 10 millones 875 mil 784.76 pesos.

-Total: 31 millones 716 mil 749.77 pesos.

Precisar que esta no fue la cifra que se leyó en el dictamen, sino que la coordinadora de la comisión, la regidora Claudia Peña Chico dijo eran 35 millones 961 mil 064.61pesos, pero al hacer la sumatoria los números no cuadraban.

Altas

-Se dieron de alta 16 proyectos por 35 millones 948 mil 664.89 pesos.

La edil morenista mencionó que el 90% de los proyectos dados de baja era por la falta de certeza jurídica sobre los predios, aunque en la lectura del dictamen no se precisó el número de obra y en qué consistían, tampoco se detalló las que se darían de alta.

Crear comisión

Ante la situación legal el regidor Martin Pérez Torres propuso la creación de una comisión multidisco entre directores y jefes de departamento de varias áreas y regidores, para dialogar y convencer a ejidatarios, comuneros y propietarios donar las calles para llevar acabo las obras.

Y es que mientras no se tenga la certeza jurídica no se puede invertir recursos públicos en una propiedad que no ha sido donada, pues pudiera derivar después en una demanda en contra del municipio por indemnización.