Como debería ser claro, estos derechos no pueden quedar sujetos únicamente a la capacidad individual de “distinguir”. El derecho a la información no es un juego de adivinanzas.
La pregunta del periodista Vicente Serrano —del informativo Sin Censura—, en la “Mañanera del Pueblo” del pasado 24 de febrero fue de esos cuestionamientos que deberían detener el paso, obligar a una reflexión profunda y, sobre todo, exigir una respuesta de Estado. No era una pregunta menor: “¿No es el momento de decir ya basta a esta libertad para mentir que tienen los medios y sancionar a los que ya están actuando en contra los intereses de la sociedad? ¿No es momento de decir un ya basta a quienes afectan al pueblo de México con la difusión de mentiras sobre acontecimientos como fue el tema de la captura del Mencho y todas las fakenews que se han estado difundiendo alrededor de este asunto todos los medios de televisión y radio que tienen una concesión del Estado”.
Serrano no cuestionaba la libertad de expresión, pilar de cualquier democracia. Cuestionaba, con precisión quirúrgica, la libertad para mentir que los grandes corporativos comerciales han ejercido durante décadas al amparo de concesiones otorgadas por el Estado. Y ahí reside el núcleo del asunto: esas concesiones —que utilizan un bien público como el espectro radioeléctrico— no vienen sin obligaciones. O al menos, no deberían.
La respuesta de la presidenta, sin embargo, tomó un rumbo distinto. Reconoció la complejidad del límite entre censurar y no hacerlo, anunció que el “quién es quién en las mentiras” abordaría el caso y, acto seguido, depositó la responsabilidad en las audiencias: “Nosotros preferimos dar las noticias y que la gente se haga cargo de elegir en dónde se informa, en dónde encontrar la verdad de la información y dónde no”. Más adelante remató: “Tenemos un pueblo muy consciente y sabe que lo que dice una televisora y el montón de medios es mentira”.
Ahí se produce un deslizamiento sutil pero gravísimo. La discusión pasó de “¿el Estado debe sancionar a concesionarios que mienten?” a “que la gente aprenda a distinguir entre verdad y mentir”. Nadie duda de la inteligencia del pueblo mexicano, pero convertir la conciencia ciudadana en el principal dique contra la desinformación sistemática de poderosos corporativos es, cuando menos, eludir una responsabilidad que el propio Estado tiene como otorgante de las concesiones. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión anterior a la actual sí establecía claramente los derechos de las audiencias y las obligaciones de los concesionarios: el derecho a recibir información veraz y plural, y a que en la programación se diferencie la información noticiosa de la opinión.
La contradicción más reveladora de la respuesta llegaría después. Al hablar de procesos electorales, la presidenta señaló que “el INE debe estar permanentemente vigilando la información que se difunde en tiempo de elecciones (...) y las noticias falsas deben ser controladas en época electoral porque hay mucho dinero para los bots y los algoritmos, ahí sí se debe controlar”, dijo enfáticamente. Ahí el argumento cambia: en campañas electorales, donde está en juego el poder, sí es necesario controlar la desinformación. Pero si el pueblo es tan consciente y sabio para distinguir mentiras cotidianas sobre capturas de narcotraficantes, ¿por qué en campañas electorales ya no se fía de esa misma conciencia? ¿acaso la mentira mediática solo es peligrosa cuando se acerca la votación?
La respuesta esbozó también una promesa: que vendrán defensores de las audiencias y que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) —creada tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mediante la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada en mayo de 2025— se encargará de la regulación. La propia presidenta ha señalado que esta nueva legislación “recupera el derecho de las audiencias a tener información veraz”. Tal vez no es claro que al final del artículo 256 de la Ley de Telecomunicaciones —que garantiza el derecho de las audiencias— se agregó la siguiente sentencia de muerte a ese derecho: “En la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo la Agencia deberá garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos” (sic).
Mientras tanto, la pregunta de Serrano —la del “ya basta”— sigue flotando en el aire. Porque confiar en que la gente distinguirá la verdad, mientras los concesionarios gozan de un marco legal que casi nunca les exige rendir cuentas, no es política pública. Es, en el mejor de los casos, un acto de fe. Y en el peor, una forma de escamotear la discusión sobre cómo hacer efectivos los derechos de las audiencias frente a quienes usan las ondas de todos para engañar a todos los ciudadanos.
