En ese lapso el PIB estatal promedia 1.7 por ciento anual, más de tres veces con relación al promedio nacional, a partir de un ambiente propicio a la inversión extranjera que ha llevado a Querétaro a ser la entidad favorita para la instalación de centros de datos, amén de inversiones en industrias automotriz y aeroespacial, por mencionar algunas actividades que lo posicionan en la competencia global.

La trayectoria orgánica del senador del Partido Acción Nacional, su experiencia en la administración estatal y, sobre todo, su victoria en 2024 frente a la candidatura de Santiago Nieto —una de las cartas fuertes del oficialismo— lo colocan como un perfil con viabilidad competitiva, y no me refiero únicamente al dato político, ya que cuenta con estructura territorial y capacidad para contender en un entorno nacional complejo.

Lo que estará en juego no es solo una alternancia partidista sino la continuidad de un modelo económico que ha hecho de Querétaro una de las economías estatales más dinámicas cuando los mercados subnacionales hacen necesario seguir atrayendo la inversión, y donde se considera que la certidumbre será clave de cara a la próxima revisión del T-MEC donde las empresas pedirán estabilidad, certidumbre y sobre todo resultados. 

Nos comentan que en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que lleva Raquel Buenrostro ya se revisa cómo se está dando la contratación de los servicios de seguridad y limpieza de instalaciones gubernamentales donde es común las licitaciones a modo. La lupa se ha puesto en el ISSSTE, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, Instituto Nacional de Migración, así como en Caminos y Puentes Federales. Y es que en esas dependencias se ha favorecido con contratos multimillonarios a una red de empresas encabezada por PRYSE de México, junto con Protección Resguardo y Servicios Empresariales, ligadas a la familia Reyes, cuya actividad principal ha sido la prestación de servicios de limpieza a través de Ocram Seyer y Got and Glock. Esas empresas han sido exhibidas en repetidas ocasiones por prácticas irregulares como falsificación de documentos, simulación de competencia, e incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores. Asimismo, se les ha señalado por evadir el pago de impuestos y las cuotas obrero patronales. El caso es que ante el cúmulo de irregularidades documentadas se presume de posible confabulación con los servidores públicos encargados de contratar esos servicios en detrimento del interés público.