México decidió pelear con todo en un tribunal internacional el pleito por el proyecto minero Ixtaca, en Puebla, y pidió que la demanda de dos empresas canadienses se tire a la basura antes de que arranque el debate de fondo.
Almaden Minerals Ltd. y Almadex Minerals Ltd. llevaron a México ante el CIADI, el tribunal del Grupo Banco Mundial para disputas entre gobiernos e inversionistas, al acusar que el Estado “dinamitó” su proyecto Ixtaca de oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, y con ello les hizo perder toda su inversión.
En su escrito central del caso —presentado bajo el tratado comercial transpacífico, el CPTPP/TIPAT— las mineras sostienen que, con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México cerró la puerta a la minería extranjera desde 2018 y convirtió la regulación en una barrera.
Afirman que se dejó de otorgar nuevas concesiones, se estatizó el litio en 2022, se aprobaron cambios para concentrar la exploración minera en manos del Estado en 2023 y, en 2024, se empujó incluso una propuesta para prohibir la minería a cielo abierto.
Según las empresas, esa política se aterrizó en Ixtaca con dos decisiones que califican de “pretextos”. La Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) —dicen— rechazó tarde y de forma irregular la Manifestación de Impacto Ambiental (el documento clave para evaluar el proyecto) y después la Secretaría de Economía canceló de manera retroactiva concesiones mineras antiguas con el argumento de “inviabilidad”, apoyándose principalmente en errores menores de medición y coordenadas que, aseguran, habían sido tolerados durante años.
En su versión, el golpe final llegó pese a que el proyecto era, según su narrativa, un caso de “minería responsable” y aunque había inversión acumulada por más de dos décadas; ahora piden una compensación económica por lo que consideran una expropiación y un trato injusto.
En su respuesta oficial, el gobierno de México sostiene que el caso no debería existir porque las compañías que reclaman no cumplen las condiciones para presentarse como “inversionistas extranjeros” bajo el tratado comercial que invocan, y porque lo que llaman “expropiación” fue, en la práctica, el resultado de un conflicto social y ambiental que el proyecto nunca resolvió.
La historia que empuja México es distinta a la de las mineras: rechaza que el proyecto se haya frenado por una “política anti-minería” y sostiene que las empresas intentan cobrar como indemnización internacional lo que fue una apuesta que se volvió inviable por resistencias comunitarias, preguntas críticas sin responder —en especial sobre el agua— y un largo trayecto de litigios en tribunales mexicanos.
En el centro del expediente aparece la comunidad indígena nahua de Tecoltemic, que se opuso al proyecto y promovió acciones legales. México afirma que las compañías no hicieron la “debida diligencia” social necesaria, que su presencia alimentó tensiones y divisiones internas en la región y que el conflicto persiste, un dato clave porque la defensa busca demostrar que el problema no fue un golpe arbitrario del Estado, sino la falta de “licencia social” para operar.
En paralelo, México intenta desactivar uno de los argumentos más poderosos de cualquier demanda minera. Recuerda que una concesión no es “propiedad” de la mina ni garantía automática para extraer; en palabras simples, tener el papel no sustituye permisos ambientales ni borra obligaciones frente a comunidades y tribunales.
Y si aun así el pleito avanzara, México anticipa otra batalla: cuestiona el tamaño de la factura que buscan las empresas y describe su cálculo como especulativo, porque pretenden valorar con proyecciones financieras una mina que nunca se construyó ni operó.
