El observador / ¿Le importa a la economía la reforma electoral?

Cámara de Diputados — Una reforma electoral que debilite la capacidad o independencia de las autoridades electorales podría afectar la percepción de integridad del proceso electoral. / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

A primera vista no. Las reformas electorales suelen verse como un asunto exclusivo de la política. Pero cuando cambian las reglas del poder, la economía toma nota.

La iniciativa de reforma político-electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum se ha delineado bajo dos argumentos: abaratar el sistema electoral y hacerlo más representativo. Pero, más allá del discurso, el verdadero debate está en sus efectos sobre la estabilidad institucional y el equilibrio del sistema político.

En principio, una reforma electoral no altera variables como el crecimiento económico o el tipo de cambio. Pero sí puede tener tres implicaciones concretas con efectos sobre la economía: la fortaleza de las autoridades electorales, el equilibrio del Congreso y la señal institucional hacia los inversionistas.

El primer aspecto es la capacidad y autonomía del árbitro electoral. Algunas de las propuestas discutidas incluyen reducir el financiamiento del sistema electoral y modificar la estructura o atribuciones de las autoridades electorales. El problema es que, si la reforma limita su capacidad operativa o su independencia, puede afectar la percepción de integridad del proceso electoral, como advierte Integralia Consultores.

Esto es relevante porque la credibilidad electoral forma parte del marco de estabilidad política. Cuando los inversionistas perciben que las reglas de competencia política pueden debilitarse, el riesgo político del país aumenta y se refleja en decisiones de inversión, primas de riesgo o evaluaciones de agencias calificadoras.

El segundo aspecto es la composición del Congreso. Entre las ideas planteadas está modificar o reducir los escaños de representación proporcional -los llamados plurinominales- con el objetivo de simplificar el sistema legislativo.

El problema es que esos escaños cumplen una función específica: evitar que el partido más votado obtenga una mayoría legislativa desproporcionada respecto a su porcentaje de votos. Si se eliminan o reducen sin un mecanismo compensatorio, la mayoría política podría ampliarse significativamente.

Un cambio de este tipo puede traducirse en una mayor concentración de poder legislativo. Y para la economía, eso implica un Congreso con menos contrapesos y mayor capacidad para modificar leyes económicas, fiscales o regulatorias sin negociación política amplia.

El tercer punto es la señal institucional hacia la inversión. El país atraviesa cambios importantes en su arquitectura institucional, incluido el rediseño del sistema judicial que no convence, ni siquiera al interior del Gobierno. En ese contexto, una reforma electoral será interpretada como parte de una transformación más amplia del equilibrio entre poderes, algo que ya ha generado advertencias sobre un posible debilitamiento de los contrapesos democráticos.

La economía reacciona a ese tipo de señales. La estabilidad política, la certeza jurídica y la calidad institucional influyen directamente en variables como el flujo de inversión extranjera, el costo de financiamiento soberano o las primas de riesgo que asignan los mercados.

Nada de esto implica que una reforma electoral sea, por definición, negativa para la economía. Un sistema más eficiente, transparente y menos costoso podría incluso fortalecer la legitimidad institucional. Pero el punto central es otro: el diseño importa.

Lo que los mercados evaluarán no es la intención política de la reforma, sino el sistema de incentivos y contrapesos que deje como resultado.

Porque las reglas que organizan el poder político también terminan moldeando la confianza económica; un activo escaso en México y que conviene fortalecer.

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