El pasado 4 de agosto, México demandó a compañías estadounidenses productoras y comercializadoras de armas de fuego por incurrir en prácticas negligentes en la venta, publicidad, y diseño de las mismas. Con dichas acciones, estas empresas promueven el tráfico ilícito de armas y facilitan a las organizaciones del crimen organizado obtener el armamento con el que día con día, perpetran la violencia en el país. Aprovechándose de esta situación, la delincuencia organizada se fortalece, mientras que nuestra seguridad nacional se debilita.

Pablo Monroy, consultor jurídico adjunto de la Cancillería, destacó que cada año más de 500 mil armas cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México. En 2019, habrían sido responsables de por lo menos 17 mil homicidios dolosos. Es decir, 17 mil proyectos de vida y familias. Pero esto también se traduce en costos por atención médica, afectación a la infraestructura, equipos de seguridad, y pérdida de ingresos por comercio y turismo.

La demanda alza la voz en contra de este hecho y hace notar que las empresas posibilitan la violencia cotidiana en México al ser quienes, literalmente, proveen las herramientas a los perpetradores. En este sentido, la Cancillería argumenta que estas empresas, a pesar de estar conscientes de la alta probabilidad de que las armas sean utilizadas para fines ilícitos, no adoptan los controles necesarios para evitarlo. Por el contrario, promueven la oferta para el mercado de la violencia criminal. Como lo comentó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería, se benefician a costa de la muerte y las lesiones de personas en México.

En respuesta a esto, México acude al sistema judicial de Estados Unidos para resolver esta controversia de forma pacífica. Es necesario remarcar que esta demanda no va en contra de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense ni del derecho al comercio de armas. Esta demanda, denuncia las prácticas negligentes por parte de las armerías al solicitar que adopten medidas estrictas de regulación interna, con lo cual, el Estado mexicano utiliza el derecho como una herramienta para salvar vidas, garantizar la seguridad nacional, y responder por las víctimas de la negligencia de dichas empresas para evitar que más mexicanas y mexicanos sufran a causa de las armas que llegan al territorio mexicano de manera ilícita.