Por: Shannon Kenny García
Si las crisis humanitarias se resolvieran con la misma facilidad que desaparecen las notas de las primeras planas de los medios de comunicación, nuestro mundo sería completamente diferente. Hace más de un mes, en Tuxtla Gutiérrez 56 personas migrantes murieron mientras otras 105 resultaron heridas tras la volcadura de un tráiler que los trasladaba de manera ilegal por el sur de México para llegar a Estados Unidos.
Según estima el canciller, Marcelo Ebrad, la red de tráfico de personas que opera desde algunos puntos de la región hasta cruzar las fronteras de México, genera cerca de 14 mil millones de dólares al año; de acuerdo con la investigación del Grupo de Acción Inmediata que impulsaron los gobiernos de Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos, entre otros, con el compromiso de aplicar la ley a los responsables sobre lo sucedido en Chiapas.
Si bien es importante accionar para eliminar las redes de tráfico de personas en la región, resulta indispensable hablar de la responsabilidad en su sentido más amplio. Esa es solo una de las aristas que se entretejen en el complejo sistema de violencias al que miles de personas se enfrentan recorriendo las rutas migratorias. No es novedad que las escalas de responsabilidad de los gobiernos para atender tanto las causas como los efectos profundos de la gestión migratoria no sean claras, lo cual desemboca en diversas formas de violencia estructural donde las personas terminan por enfrentarse a situaciones de injusticia sin que tengan una vía por la cual puedan hacer valer sus derechos.
En pleno 2022, es insólito un panorama en donde las personas que migran y solicitan asilo deban tomar la cruda decisión de recurrir a una vía irregular que implica viajar en un trailer en condiciones insalubres e infrahumanas para poder llegar a un lugar seguro, partiendo del indignante hecho de que aún es más fácil cruzar mercancía por una frontera que personas en busca de protección. Es necesario trascender las perspectivas reduccionistas y resaltar que las condiciones que propician el tráfico de personas se entretejen con que los gobiernos de nuestra región siguen aplicando una política coercitiva que propicia que las agencias fronterizas sigan perpetrando un sinnúmero de abusos contra las personas migrantes con casi absoluta impunidad.
Pensemos que quienes residen en un contexto de violencia tienen derecho a rechazar su contrato de origen y buscan migrar. Lo que no podemos aceptar es que dicha condición es motivo suficiente para ser despojado de toda dignidad. Como bien dice Warsan Shire, nadie deja su hogar a menos que su hogar no le deje quedarse y cuando estás donde no debías estar, solo buscas ser quien debías ser.
