López Obrador se equivocó de país. Si fuera el presidente de Finlandia, Suecia o Noruega, países tan próximos a su admirada y saludable Dinamarca, la exhibición que acaba de hacer de los datos fiscales de su “amigo” empresario Ricardo Salinas Pliego no sería noticia. Pero López Obrador tiene la mala fortuna de estar en México y de tener que cumplir una regulación que protege el secreto bancario y fiscal y castiga, aunque sea teóricamente, la divulgación indebida e ilegítima de información confidencial.

En Finlandia, Suecia y Noruega también rigen las leyes de transparencia más poderosas del mundo, que incluso dejan a disposición de cualquier persona las declaraciones de ingresos y patrimoniales de sus ciudadanos. El espíritu de la transparencia tributaria nórdica es reducir la evasión fiscal y el lavado de dinero y contribuir a la igualdad económica. También reduce las brechas de ingresos en las corporaciones y da herramientas de negociación a quienes buscan empleo o un mejor salario. Estos puntos inspiraron a las leyes de transparencia salarial recientemente aprobadas y puestas en vigor en Estados Unidos (California, Washington y Nueva York), regulaciones que también existen en Alemania, Australia, Canadá y Francia.

Finlandia, Suecia y Noruega son tres de los cinco países con la mayor igualdad económica del planeta. También están entre los países que registran la mayor aportación tributaria por persona (cercana a 50% de los ingresos totales de cada país). También son un clásico del compromiso social de sus empresarios las palabras del finlandés Ilkka Paananen, creador del videojuego Clash of Clans, cuando se supo que sólo en 2013 había pagado 54 millones de euros en impuestos: “Hemos recibido mucha ayuda de la sociedad, ahora nos toca a nosotros devolver el favor”.

Y, para desgracia del presidente y de sus secuaces, que muchas veces se comportan más como una pandilla de adolescentes que como el equipo de un gobierno serio, México tiene una regulación muy celosa del secreto bancario y fiscal. Aunque no les guste, divulgar información confidencial es un hecho reprobable en México y que puede constituirse como delito de abuso de autoridad y de revelación de información privada. Aunque pongan por encima una calidad moral supuestamente superior a la de sus adversarios, pero que no está descrita en la normativa jurídica mexicana, el presidente y sus secuaces deben cumplir la ley.

Lo bueno de no ser Noruega, pensará el presidente, es que la impunidad por divulgar datos confidenciales es un mal congénito. Y más si eres López Obrador, con experiencia en exhibir datos personales de tus adversarios y salir libre de castigo. Basta recordar que el Inai, la agencia de privacidad de México, lo encontró culpable de violar la privacidad del periodista Carlos Loret de Mola al exhibir una factura emitida por el periodista en una de sus mañaneras. El presidente no recibió castigo y quizá por eso ha vuelto a la carga este año contra la periodista Natalie Kitroeff, del periódico The New York Times, y ahora contra Salinas Pliego, particularmente este viernes desde el sitio oficial de la Presidencia de la República.

En su pelea contra Salinas Pliego, López Obrador es quien tiene más que perder. No se trata sólo de la defensa de la investidura presidencial —factor en el que evidentemente va abajo en el marcador—, sino que su posición le obliga a conducirse con un estricto respeto a la ley y, en consecuencia, en una cancha más resbalosa que la de Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Banco Azteca, Itálika y Totalplay, por mencionar algunas de sus empresas más conocidas.

Puede ser que al presidente no le guste el secreto bancario y fiscal que rige en México porque lo considere un mecanismo para la evasión fiscal y el lavado de dinero, incluso un refugio de la delincuencia organizada, pero la ruta para cambiarlo no pasa por violar los derechos ciudadanos ni las leyes vigentes. Puede ser que la normativa jurídica, como dice el presidente, no sea justa, pero es la que tenemos: él tuvo la oportunidad de mejorarla y no lo hizo.