Por: Melissa Ayala

En el caso citado, la Corte concedió el amparo para poner a conocimiento del IMSS esa situación discriminatoria y se le planteó que dentro de un plazo prudente implementara un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

En ese régimen especial la Corte señaló que se debían proporcionar, como mínimo, los seguros de: (1) riesgos de trabajo; (2) enfermedades; (3) maternidad y guarderías; (4) invalidez y vida; (5) retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Hace tan solo unos días, el INEGI presentó los resultados de la “Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2018”, que proporciona información sobre la valoración económica del trabajo no remunerado mostrando la importancia de este tipo de trabajo en el consumo y en el bienestar de la población.

Así, de acuerdo a los datos presentados, en 2018 el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.5 billones de pesos, lo que representó el 23.5% del PIB del país.

La mayor parte de las labores de y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, con el 76.4% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades; asimismo corresponde al 75.1% si se habla en términos del valor económico.

Modificar y mejorar las instituciones y rasgos culturales profundamente arraigados es complejo y requiere un compromiso de muchas personas, pero, sobre todo, de los líderes políticos y los gobiernos que implementan políticas públicas en distintos niveles.

El propio 5 de diciembre pasado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció el envío al Senado de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, algo que había sido demandado por las trabajadoras del hogar y las organizaciones de la sociedad civil por años.

Ahora, si bien es cierto que nos encontramos ante una gran victoria, no podemos obviar los retos que se avecinan, por ejemplo, cómo hacer del conocimiento de todas las trabajadoras del hogar el derecho que tienen a la seguridad social.

Asimismo, no dejemos de recordarle al Estado la existencia de un sistema comprehensivo de diversas estructuras de opresión que, en la simultaneidad de su ocurrencia, reducen en mayor medida los márgenes de libertad de las mujeres que pertenecen a determinados grupos sociales.

Finalmente, como sociedad también nos toca reconocer que las labores domésticas y de cuidado son trabajo, que quienes las realizan son trabajadoras que cuentan con la protección de la ley y que la sociedad y el propio Estado dependen de sus labores para sostenerse.[1]

[1] Rodríguez Enríquez, C. (2007). La economía del cuidado: un aporte conceptual para el estudio de políticas públicas. Buenos Aires: CIEPP.