Las Voces del Pueblo seguimos pidiendo con firmeza un cambio radical en la política de comunicación. Llevamos 3 años haciéndolo sin que nadie escuche está propuesta.
La insistente narrativa sobre un “narco-gobierno” en México, intensificada en los últimos meses desde sectores de la derecha internacional y replicada por ciertos medios de comunicación, no es un fenómeno aislado. Es una herramienta geopolítica en un contexto donde los recursos estratégicos como el litio, el petróleo y el agua se han convertido en el nuevo tablero de disputa global. La actual administración enfrenta, por un lado, una campaña de desprestigio orquestada con intereses claros y, por otro, las consecuencias de una política de comunicación social que ha subestimado el poder corrosivo de la mentira sistemática.
La reciente publicación de una supuesta “lista negra” de políticos mexicanos investigados por EU, con énfasis en figuras de Morena, debe leerse más allá de su contenido fáctico –cuya veracidad y motivaciones son, cuando menos, cuestionables–. Es la pieza de un rompecabezas mayor. La retórica agresiva del gobierno de Trump, que habla de intervenciones y señala a México como un “próximo objetivo” tras la injerencia en Venezuela, no es casual. Responde a una doctrina de poder que busca controlar recursos y someter a gobiernos que defienden la soberanía nacional. La alianza con élites económicas mexicanas, representadas por gente como Salinas Pliego, necesita un pretexto de legitimación. La construcción del “narco-estado” es el fantasma perfecto: justifica presiones económicas, sanciones extraterritoriales y, en el extremo, intervenciones que nada tienen que ver con la seguridad y todo con el saqueo.
Frente a esta embestida, es imperativo recordar la historia reciente. La misma oposición que hoy señala con dedo flamígero tuvo, por décadas, en el corazón del aparato de seguridad a un hombre como Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por su alianza probada con el crimen organizado. Su caso es la prueba irrefutable de que la narcopolítica fue un mal endémico de regímenes pasados, enquistado durante gobiernos del PRI y el PAN. La 4T heredó este sistema corrupto y su desafío monumental, es desmantelarlo desde la raíz, no administrarlo. Las acusaciones actuales, carentes de pruebas judiciales presentadas en México y basadas en “fuentes” anónimas de agencias extranjeras, son un intento de criminalizar al proyecto político en el poder más que una genuina búsqueda de justicia.
Sin embargo, el gobierno de la presidenta Sheinbaum enfrenta un grave problema propio que lo hace vulnerable a esta campaña: su política de comunicación. Se ha confiado en exceso en el breve desmentido en la mañanera, --que no llega más que a un 20% de la población, mientras cede cotidianamente el espacio público informativo a los grandes medios corporativos. Estos medios representantes de la oligarquía financiera y política adversa a la transformación, violan sistemáticamente el derecho humano a la información veraz, plural y diversa, consagrado en el artículo 6º constitucional. Con titulares sensacionalistas, replicación acrítica de narrativas extranjeras y un constante salto a la presunción de culpabilidad, envenenan el debate público. El gobierno se defiende tibiamente en una mañanera que cada vez menos gente tiene posibilidades de ver, olvidando que el Estado tiene la obligación positiva de garantizar ese derecho de las audiencias. No basta con desmentir; es necesario crear las condiciones para que la ciudadanía acceda a información contrastada y de calidad. La actual política, que en la práctica deja a la población a merced de un bombardeo mediático desestabilizador, equivale a dejar desprotegido a un pueblo frente a una guerra psicológica y de grandes alcances tecnológicos ya. Es aquí donde el gobierno es corresponsable de la confusión: al no diseñar e implementar una estrategia comunicacional ofensiva, pedagógica y masiva que contrarreste la intoxicación, permite que la mentira siga ganando terreno. En un mundo donde la desinformación es el arma predilecta para derrocar gobiernos, subestimar su poder es un error estratégico mayúsculo.
En conclusión, la acusación de “narco-gobierno” es principalmente un arma geopolítica para desestabilizar a México y robarse sus recursos. Pero su efectividad se potencia por una debilidad interna: la renuncia a librar, con todas las herramientas del Estado de derecho, la batalla por la verdad y por el derecho a la información. Defender la soberanía nacional hoy no pasa solo por la defensa física del territorio o la independencia en las decisiones políticas; pasa, ineludiblemente, por defender la mente y el discernimiento de la ciudadanía. La presidenta Sheinbaum y su gobierno deben corregir el rumbo. La defensa más sólida contra las “acusaciones enloquecidas” no será solo denunciar sus motivaciones, sino blindar a la población con transparencia, pedagogía y un acceso irrestricto a la información veraz. De lo contrario, seguirán cargando con las consecuencias de lo que, por acción u omisión, permiten que se siembre en el imaginario colectivo.
