La reducción de tiempos oficiales en medios tradicionales puede ser un error que debilita la democracia y abre la puerta a la desinformación.
Señora presidenta: su círculo cercano le ha vendido la idea de un país que no existe. México sigue viendo televisión, sigue escuchando radio, y al abandonar esos espacios, está dejando a la mitad de la población en la indefensión informativa.
El diagnóstico que ha llevado a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum parte de una premisa equivocada: que México ya vive inmerso en el mundo digital y que la radio y la televisión han muerto. Los datos duros, sin embargo, cuentan una historia muy distinta.
La más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) 2024, elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), revela una realidad que el círculo cercano de la mandataria parece ignorar: el 74% de los mexicanos consume contenidos a través de la televisión abierta, 19 puntos porcentuales más que quienes lo hacen en plataformas de internet . En los hogares mexicanos, la televisión sigue siendo un mueble sagrado: el 95% cuenta con al menos un aparato, y la mitad de la población ve noticias a diario en estos canales.
La radio, por su parte, resiste estoicamente el embate digital. Un tercio de los mexicanos (33%) sintoniza estaciones radiofónicas, destinando en promedio casi tres horas diarias a este medio. Y no lo hacen solo para escuchar música: el 40% de los radioescuchas lo hace específicamente para informarse.
Estas cifras dibujan un México que no aparece en las métricas de las redes sociales: el México de las
Frente a esta realidad, la reforma electoral que inició su trámite en la Cámara de Diputados propone reducir los tiempos oficiales de partidos políticos en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios . La justificación oficial: disminuir la saturación mediática de propaganda y equilibrar el uso del espectro.
El problema es que, en democracia, la información política no es “saturación”: es el combustible que permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas. Al recortar estos espacios, se castiga precisamente al medio que la mayoría de los mexicanos utiliza para informarse.
Paradójicamente, la reforma incorpora medidas loables para regular el uso de inteligencia artificial y etiquetar contenidos generados con estas tecnologías. Se reconoce, acertadamente, que los deepfakes y la manipulación digital son amenazas reales para la integridad electoral. Pero se pasa por alto un detalle fundamental: en las redes sociales, el control es casi imposible.
Como advierten los expertos, la desinformación en plataformas digitales tiene una capacidad de viralización que supera cualquier intento de corrección. Cuando aparece el desmentido, la mentira ya ha dado la vuelta al mundo . Las cámaras de eco, la segmentación extrema y la facilidad para crear perfiles falsos convierten a las redes en un terreno fértil para la manipulación.
El año 2024 fue bautizado como el “súper ciclo electoral” global, y con él llegó la constatación de que la desinformación es la amenaza número uno para la integridad de los comicios . La ONU ha advertido que las mentiras en el espacio digital están alimentando conflictos, erosionando la confianza y socavando la democracia.
En ese contexto, reducir el espacio de la información política en medios regulados y supervisables —donde cada minuto puede ser medido, donde las pautas son públicas y donde existe la posibilidad de réplica— para empujar el debate al “far west” digital es una decisión que va a contracorriente de lo que recomiendan los especialistas.
No se trata de demonizar las redes sociales, que son ya parte ineludible del ecosistema comunicacional. El 84% de los internautas mexicanos las utiliza . Pero su consumo es cualitativamente diferente: películas, series y videos cortos dominan la preferencia. La información política profunda, los debates estructurados, las propuestas detalladas encuentran allí un espacio marginal, sepultado por el algoritmo de la inmediatez.
El problema de fondo es que a los concesionarios de radio y televisión se les ha dado, en la práctica, licencia para mentir. Y cuando más de la mitad de la población depende de esos medios para informarse, permitir la desinformación impune no es una falla menor: es una falla de origen del sistema democrático.
La reforma electoral podrá presumir de ahorros presupuestales y de medidas innovadoras contra la inteligencia artificial maliciosa. Pero si no garantiza que los mexicanos tengan acceso a información veraz en los medios que realmente consumen, estará construyendo una democracia de papel: moderna en la forma, pero hueca en el fondo.
No es tarde para corregir. Pero urge hacerlo. La próxima contienda electoral está a la vuelta de la esquina y, con ella, la oportunidad de demostrar que esta administración gobierna para todos los mexicanos, no solo para los que habitan en la burbuja digital.
