Como se ve, las respuestas entre las derechas y las izquierdas y por regiones del mundo son opuestas; el resultado tendrá impacto en sus índices de desarrollo humano e igualdad.
@ClauCorichi
Una reforma laboral pinta de cuerpo entero a un país. Define el grado de condescendencia hacia la clase trabajadora o hacia el sector patronal quienes influyen sobre el Estado para inclinar la balanza a su favor. Argentina, México y España están debatiendo al respecto con diferencias notables.
Cambiar las leyes que regulan las condiciones laborales siempre ha sido el coco de los gobiernos. Se trata de una vieja discusión política, ideológica y económica que nunca deja satisfechas a las partes involucradas.
Los problemas estructurales que orbitan en el mundo del trabajo son los de siempre: salarios justos, productividad, informalidad, competitividad, precariedad, seguridad social, brecha salarial de género y ahora automatización.
Javier Milei presentó un auténtico plan de choque que tuvo el aval del Senado argentino hace una semana. Con el argumento de fomentar el empleo y atacar la informalidad (que ronda el 43%) su iniciativa establece un aumento de doce horas diarias a la jornada laboral y limita el derecho de huelga porque no deben dejar de prestarse servicios que se consideran esenciales.
La propuesta de Milei, que encontró escasa oposición en la calle, permite a las empresas repartir horas de trabajo entre su personal para evitar el pago de horas extras. Las vacaciones se otorgarán durante el año de manera fraccionada y los sueldos podrán pagarse en cualquier moneda, especie, comida o alojamiento.
En contraste, en el Senado mexicano se aprobó una reforma al artículo 123 constitucional para reducir gradualmente la jornada laboral. El dictamen establece un día de descanso con goce de salario íntegro por cada seis días laborales; la oposición solicitaba fijar expresamente dos días de descanso.
La jornada laboral quedará en 40 horas hasta el año 2030. Señala además que el trabajo extra no excederá las doce horas en una semana con pago doble. Estas medidas se suman a la eliminación del outsourcing, el incremento del salario mínimo (superior en 154% en términos reales desde 2018), la llamada ley silla y la reforma para regular a las compañías de plataformas.
Por su parte, el Congreso español rechazó en septiembre la reducción de la jornada laboral a 37.5 horas semanales de las 40 actuales como exigían los sindicatos. Sin embargo, a partir de marzo será de 35 horas para quienes trabajen en la Administración General del Estado (el equivalente al gobierno federal aquí).
El lunes el gobierno español firmó con las centrales obreras, un aumento del 3.1% al salario mínimo al que se opusieron los empresarios que proponían un alza del 1.5%. Se estima que el 60% de las personas beneficiadas son mujeres.
La obligación moral y política de los gobiernos es equilibrar las condiciones de vida de las sociedades y disminuir las desigualdades. En varios países resulta evidente la pérdida del poder adquisitivo debido a las sucesivas crisis financieras lo que aumenta la precariedad y el malestar social.
La desigualdad está estrechamente relacionada con los salarios. Mientras las ganancias empresariales se disparan, los salarios se estancan. Debido a que esa brecha se sigue ampliando, la intervención del gobierno para corregir esas distorsiones resulta no necesaria, sino imprescindible.
