La mañana de este lunes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum vuelva a rechazar la más reciente —apenas el sábado— declaración de Donald Trump sobre el presunto dominio de los barones de la droga sobre México, podría admitir (pero no lo hará) que existe una sorda pugna entre el país determinado a combatir a los cárteles, y otro que sostiene complicidades y pactos con el crimen organizado.

El diagnóstico de Palacio, nutrido por inteligencia estadounidense,  es muy claro ya, en especial tras el abatimiento de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero, que ha resultado en una ruptura del silencio sobre actores públicos convertidos en sujetos de interés de la justicia de México y Estados Unidos.

Estados como Jalisco, Nayarit, Guerrero y Colima —con “lunares” claros en Manzanillo y su zona portuaria— son considerados un fardo en la nueva estrategia de seguridad. Chiapas y Tabasco exhiben en sus estructuras, políticas e institucionales, las huellas digitales del CJNG. Por buenos y malos motivos no hay más presencia de fuerzas federales, equivalente a lo que ocurre en Sinaloa.

En la entidad mexiquense, funcionarios públicos en áreas de finanzas y seguridad están involucrados en el desmantelamiento de sistemas de monitoreo conectados a los denominados C5, con el propósito central de asignar en forma directa de nuevos contratos a empresarios polémicos, hasta por 2,000 millones de pesos.

El desafío para el gobierno Sheinbaum requeriría para ser resuelto una depuración completa del sistema político mexicano, desde todos los partidos, lo que obligaría a observar tiempos que, a las claras, parecen desesperar a un Donald Trump acostumbrado a las amenazas como narrativa y a la transacción económica como método de negociación. Para agravar el panorama, el reloj de elecciones intermedias figura ya en el calendario próximo de ambos.