Se estima que en los años que van de 2018 a 2025 se ha concentrado más del 50% de casos de desapariciones en territorio mexicano. Jalisco y Estado de México son las dos entidades que presentan mayor número de personas desaparecidas. El mayor porcentaje de desapariciones se da en las edades que van de los 25 a los 29 años. Aunque el rango de edad donde se concentra la mayoría de niñas y mujeres desaparecidas es el que va de los 15 a los 19 años.

El gobierno de Claudia Sheinbaum se comprometió en marzo de 2025 a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro Nacional de identificación humana y la Comisión ejecutiva de atención a víctimas. También anunció la promoción de iniciativas de reforma legislativa para agilizar y mejorar los mecanismos de identificación de personas desaparecidas, para crear una base nacional única de información forense y una plataforma nacional de identificación humana; además la presidenta preveía en dichas iniciativas la inclusión de técnicas avanzadas de identificación de ADN con el apoyo de instituciones científicas y la Fiscalía General de la República. Además la reforma incorporaría nuevos protocolos para generar mecanismos de alerta de búsqueda inmediata, equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito.

No obstante los compromisos gubernamentales adquiridos el problema persiste y se agrava. Se desconocen informes o datos que muestren mejoras o soluciones aunque sea parciales, más bien sigue habiendo grupos y familias que se ven obligados a desplazarse a otros sitios para sobrevivir. Las madres buscadoras persisten en sus acciones para encontrar evidencias de restos humanos que tal vez les lleven a encontrar un cierre en la tragedia humana que viven al saber que sus seres queridos están desaparecidos.

Las desapariciones forzadas ocurridas en México por décadas reúnen las características de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, condiciones que son consideradas como crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se entiende por generalizada cuando presentan un ataque contra un número significativo de personas y se entiende sistemático cuando hay una forma organizada de los actos violentos, presentando patrones en la ejecución de los delitos, que no son fortuitos y se repiten regularmente.

La violación sistemática de los derechos humanos, la falta de control de las acciones de violencia y criminalidad organizada, la inseguridad y falta de certeza con la que se vve diariamente dan por resultado un año 2025 que llama a realmente actuar en favor de la ciudadanía, a dejar los simulacros y promesas para pasar a las acciones de Estado que provean de un bien real a las y los mexicanos en materia de seguridad.