Acumula Edomex observaciones en su gasto por 13 mil mdp
En su primer año de gobierno, la administración de Delfina Gómez acumuló más de 6 mil millones sin comprobar, mientras los municipios sumaron otros 7 mil millones, la cifra más alta para una entidad federativa
Con dicho monto se podrían financiar, por ejemplo, entre ocho y 15 hospitales generales o 360 mil pensiones anuales para personas adultas mayores.
Las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador a las administraciones mexiquenses ya se ubican dentro de las 10 más cuantiosas de la última década.
Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales.
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Los manejos turbios en el Estado de México no sólo le atañen al gobierno estatal, sino también al Poder Legislativo. / Foto: Cortesía Congreso del Estado de México
El Estado de México se convirtió en el principal foco rojo de la administración pública federal. De acuerdo con la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación, los gobiernos municipales y el estatal acumularon presuntas irregularidades por alrededor de 13 mil millones de pesos, la mayor cantidad para una entidad federativa.
De acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2024, dada a conocer el martes pasado, el gobierno estatal de la morenista Delfina Gómez arrojó seis mil 037.7 millones de pesos sin comprobar, en tanto que los municipios mexiquenses gastaron 7 mil 068.7 millones de pesos sin apegarse a las normas administrativas y de transparencia.
Según las auditorías, la Secretaría de Finanzas, encabezada por Óscar Flores Jiménez, efectuó un millón 084 mil 454 retenciones de impuestos a 53 mil 671 trabajadores por un monto de dos mil 160.3 millones de pesos que actualmente están en la opacidad.
“No se proporcionó la documentación que acredite los descuentos realizados a los trabajadores, así como los contratos de servicios, las tablas de amortización y métodos de cálculo y convenios que amparen las retenciones de cada una de las 14 deducciones”, refiere la auditoría de cumplimiento 2024-A-15000-19-0854-2025.
El presunto mal uso de los recursos retenidos a los trabajadores del gobierno mexiquense por concepto de impuestos ya ha causado estragos en las instituciones locales. En febrero de 2024, el Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Financiero local para considerar delito grave el hecho de no entregar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) las aportaciones de los trabajadores.
Los diputados que promovieron la reforma argumentaron que los poderes estatales, los ayuntamientos y los organismos públicos del Estado de México tenían un adeudo acumulado por cinco mil 114 millones de pesos que no habían sido entregados al ISSEMYM, lo que ha redundado en dificultades para brindar atención médica de calidad para los mexiquenses.
Pero los manejos turbios no sólo le atañen al gobierno estatal, sino también al Poder Legislativo. Las investigaciones de la ASF arrojaron que los pagos realizados por la Cámara de Diputados del Estado de México por concepto de nómina no corresponden con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) enviados a Hacienda, además de que hay incongruencias entre percepciones, deducciones, categorías de los puestos y número de plazas, lo que arroja un saldo de 625.4 millones de pesos pendiente de comprobar.
Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México durante la inauguración de las operaciónes del Tren México-Toluca "El insurgente" el pasado 2 de febrero. / Foto: Laura Lovera/El Sol de México
Las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación en el Estado de México están relacionadas con el manejo de las Participaciones Federales, es decir, la partida presupuestal que destina la Federación a estados y municipios después de concentrar los recursos provenientes de la recaudación de impuestos y que posteriormente son distribuidos en función de la población y las necesidades de cada demarcación.
“Sabemos que las participaciones federales son recursos de libre disposición y me parece que faltan los mecanismos, aunque ya existen algunos, para dar seguimiento de cómo se gastan esos recursos y cómo se reportan esos gastos y la transparencia que existe”, afirmó Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), organización especializada en análisis del gasto y políticas públicas.
“Es un hecho que el ejercicio de las participaciones federales se ha convertido en uno de los problemas más graves de la administración pública y de las finanzas públicas estatales”, dijo Macías en entrevista con El Sol de México, al recordar que desde que el gobierno federal centralizó el gasto social que se destina a los estados, se han incrementado los casos de mala utilización de los fondos provenientes de la recaudación fiscal.
Otro agujero negro que encontró la ASF en las participaciones asignadas al Estado de México está relacionado con el pago de contratos, obras y servicios que no siempre están documentados. En la misma auditoría 2024-A-15000-19-0854-2025 se establecen cuatro pliegos de observación por un posible daño al erario que asciende a tres mil 152.6 millones de pesos.
La factura más elevada corresponde al contrato SCEM-JC-DC-2020-APP-001 C, firmado por la Junta de Caminos del Estado de México, instancia encargada de construir y darle mantenimiento a caminos, vialidades y carreteras de la entidad. Las pesquisas de la ASF determinaron que la dependencia a cargo de Joel González Toral no entregó la documentación que comprueben la realización de obras y servicios que ascienden a mil 826.6 millones de pesos, cuyo pago se realizó con recursos de las participaciones.
En otro contrato para construcción de carreteras, el SCEM-JC-10-AGIS-145-IR, la misma Junta de Caminos del Estado de México incurrió en faltas como no presentar comprobantes de transferencias bancarias a los proveedores, el calendario de conservación para la prestación del servicio, además de que no se presentó la evidencia de los trabajos realizados, los resúmenes de inspección, los análisis de fallas ni las mediciones internacionales de calidad.
Por tal motivo, la ASF emitió una solicitud de aclaración para que “el gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 860.5 millones de pesos, por concepto de no proporcionar la documentación suficiente que permita comprobar que la ejecución de los recursos y la realización de los trabajos.
Pese a los elevados montos por inconsistencias en el ejercicio del gasto público, los niveles de impunidad en el Estado de México son elevados. De acuerdo con el Octavo Informe Anual 2024–2025 del Sistema Anticorrupción estatal, presentado este mes, en el periodo de referencia se abrieron 3 mil 139 carpetas de investigación por delitos vinculados a servidores públicos; sin embargo, sólo existen 85 sentencias penales ejecutorias.
