Sheinbaum choca con la ONU por informe sobre desaparición forzada, ¿qué dice y por qué es criticado?

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, han expuesto su desacuerdo frente a esta problemática después de que el organismo pidió urgentemente activar mecanismos para prevenir, investigar y erradicar casos de desapariciones de especial gravedad, que calificó como crímenes de lesa humanidad.

En un comunicado, el CED sostuvo su argumento de gravedad del asunto con la demostración del continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, las cuales son más de seis mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, en su mayoría no identificados.

Tras la activación del mecanismo, especificado en el artículo 34 de la convención del organismo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó la medida y calificó el informe del comité como tendencioso, puesto que la institución señaló que los datos revelados no corresponden al periodo de gobierno de la actual administración, sino que pertenecen al tiempo entre 2009 y 2017 , durante las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, respondió la SRE.

Acorde con la descripción dada por el sitio web de la ONU y la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, el CED “es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes”.

• Examinar los informes de los Estados Partes, y formular recomendaciones sobre el asunto de las desapariciones forzadas en el Estado en cuestión (artículo 29 de la Convención)

• Aceptar a trámite las peticiones de acción urgente (artículo 30 de la Convención)

• Recibir las denuncias individuales presentadas por personas que alegaren ser víctimas de violaciones por un Estado Parte (artículo 31 de la Convención)

• Recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la Convención; son las denominadas comunicaciones entre Estados (artículo 32 de la Convención)

• Examinar los informes presentados por los Estados Partes, relativos a las medidas que han adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención

• Enviar a los Estados peticiones de acción urgente, en las que se solicite que estos tomen todas las medidas necesarias, incluso de carácter provisional, a fin de localizar y proteger a una persona desparecida. Esta fue la primera vez que un mandato de esa índole se otorgaba a un órgano de supervisión de un tratado

• Recibir y examinar las comunicaciones presentadas por particulares que denuncien haber sido víctimas de alguna vulneración de derechos perpetrada por uno de los Estados Partes en la Convención

• Recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte denuncie a otro Estado Parte, alegando que este no ha cumplido sus obligaciones con arreglo a la Convención

• Visitar a cualquier Estado Parte, previa consulta con el mismo, en caso de recibir una información que apunte a que dicho Estado viola gravemente las cláusulas de la Convención

Momentos más tarde de la conferencia, Juan Pablo Albán, presidente del CED, instó al Gobierno a no politizar el debate sobre las desapariciones forzadas en México, pues el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable en concordancia con el énfasis que hizo la mandataria acerca del trabajo de su gobierno.

“Sin embargo, es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes, en línea con el principio 5 de las Directrices de Addis Abeba sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos”, añadió.

El mismo Albán agregó que “la decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo”, ya que que México acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 (el 38 por ciento del total global).

“Por primera vez se instaló una Comisión Nacional de Búsqueda, por qué no dicen en el informe los avances legales que hemos tenido desde 2025. Tenemos un compromiso firme de seguir avanzando en este tema, por qué no lo reconocen, por qué llevarlo a la asamblea de Naciones Unidas; le decimos que el Estado no está rebasado, actúa en este fenómeno” comentó.

“Verdad y justicia es lo que hemos dicho pero lo del Comité es una cosa distinta por eso decimos que no estamos de acuerdo, no pueden acusar a un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito”, acusó. 

“Para esta Comisión Nacional se trata de una postura acomodaticia y sesgada el hacer, minorizado de las terribles consecuencias de la ‘Guerra contra el narcotráfico’ de Calderón y minimiza los logros en materia de seguridad, con el cambio de estrategia, y decide ignorar los avances normativos, institucionales y de voluntad política en materia de uso de la fuerza, construcción de paz y atención a víctimas de violaciones a derechos humanos, que se ha empujado en los últimos años”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante