Gobierno de Trump pide a Corte Suprema que retire protección legal a 530 mil migrantes

AFP

En marzo, el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países.

En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.

El asesor jurídico de la administración, John Sauer, solicitó levantar una orden de un tribunal inferior que impide al gobierno poner fin a las protecciones humanitarias para los migrantes de estos cuatro países.

La jueza de distrito Indira Talwani, designada por el presidente demócrata Barack Obama, impidió el mes pasado que el gobierno revocara el estatus legal de los migrantes.

Con la revocación de Trump, los migrantes habrían perdido su protección legal a partir del 24 de abril, es decir 30 días después de que el departamento de Seguridad Nacional publicara la orden en el registro federal.

El gobierno de Trump también solicitó la semana pasada a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que respalde su propuesta de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide deportar a más de 350 mil venezolanos.

El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración Biden prolongó el TPS por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.

Estados Unidos otorga TPS a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones “extraordinarias”.

En marzo el juez federal de California Edward Chen suspendió temporalmente la decisión de revocar el TPS por estimar que “huele a racismo”.

Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.

El magnate republicano incluso invocó una ley del siglo XVIII, usada hasta entonces en tiempos de guerra, para expulsar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión en El Salvador.