Ley SB 1718 provoca escasez de mano de obra en Florida; migrantes huyen a Georgia y Las Carolinas

Los migrantes irregulares son más de un millón en Florida. Se trata de trabajadores esenciales para los sectores que mueven la economía en dicho estado: agricultura, construcción y turismo.

¿Qué dice la ley SB 1718?

Para el profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (ColeF), el doctor José María Ramos García, la Ley SB 1718 contra la migración ilegal es la que más restricciones presenta en los Estados Unidos.

De esta iniciativa SB 1718, refirió que la avaló la mayoría republicana en el Congreso estatal, junto con una base de legisladores cubanoamericanos.

El doctor Ramos explicó que los grupos de inmigrantes más recientes de venezolanos, nicaragüenses, colombianos, brasileños, también se inclinan hacia el Partido Republicano, debido al contexto estatal y regional.

“El gobernador DeSantis obtuvo el 58 por ciento del voto latino de Florida en su reelección en 2022. Mejoró el 44 por ciento de su victoria en el 2018”, recordó.

¿Cuáles son las sanciones previstas en la SB 1718?

Por otro lado, autoriza al Departamento de Oportunidades Económicas a solicitar y requerir a un empleador privado que proporcione copias de cierta documentación.

El contrabando de personas ahora figura como un delito punible en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e influenciadas por mafiosos (RICO por sus siglas en inglés).

Transportar a sabiendas a un inmigrante ilegal hacia Florida, resultará en 5 años de prisión y una multa de 5 mil dólares por ofensa, de acuerdo a la Ley SB 1718.

Traer a Florida desde otro estado de la Unión a una persona indocumentada, aunque sea un familiar, se le considera un delito grave de segundo grado.

Comentó que distintas organizaciones como el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección en Florida; Americans for Inmigrant Justice y American Inmigration Council, presentarán una demanda.

El argumento es que la Ley SB 1718 es discriminatoria y representa “una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el Estado, no solo para los inmigrantes”.

La demanda se centrará específicamente en las disposiciones de la Sección 10 de la ley, que criminaliza el transporte a Florida de personas que arriban al Estado y que pudieron haber ingresado al país sin inspección federal, dijo el doctor José María Ramos.