¿Se puede procesar a los agentes del ICE por los tiroteos de Minneapolis?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses en distintas acciones de control en Minneapolis este mes como parte de la acción del presidente Donald Trump contra la inmigración.

Un agente del ICE disparó a Renee Good, de 37 años, en su coche el 7 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el agente había efectuado “disparos defensivos” después de que Good intentara atropellarle, aunque los videos en línea del tiroteo verificados por Reuters ponen en duda la versión del gobierno.

Los agentes del ICE dispararon a Alex Pretti, de 37 años, en otro incidente ocurrido el 24 de enero. El DHS dijo que Pretti se acercó con una pistola y se resistió violentamente a los intentos de desarmarle, aunque videos de transeúntes verificados por Reuters muestran a Pretti -que según el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, portaba una pistola legalmente- sosteniendo un teléfono mientras intenta ayudar a los manifestantes a los que los agentes empujaron al suelo.

Si Minnesota acusara a los agentes, éstos podrían trasladar el caso a un tribunal federal y alegar que gozan de inmunidad judicial. Para prevalecer, el Estado tendría que demostrar que sus acciones estaban fuera de sus funciones oficiales o eran objetivamente irrazonables o claramente ilegales. Si un juez dictaminara que un agente es inmune, el caso quedaría sobreseído y el Estado no podría volver a acusarle.

Los fiscales federales pueden acusar a los agentes de las fuerzas del orden por disparos mortales, pero el listón está muy alto y las acusaciones son poco frecuentes. Los fiscales tendrían que demostrar que un oficial sabía que su conducta era ilegal o actuó con desprecio imprudente por los límites constitucionales de su autoridad, lo cual es difícil de probar en los tribunales. La administración Trump ha defendido hasta ahora la actuación de los agentes.

Los funcionarios federales gozan de inmunidad frente a demandas civiles a menos que su conducta haya violado claramente un derecho constitucional establecido. Esta norma jurídica, conocida como inmunidad cualificada, se ha convertido en una herramienta muy eficaz para proteger a los agentes de policía acusados de hacer un uso excesivo de la fuerza, según reveló en 2020 una serie de reportajes de investigación de Reuters.