Reprobaron el periodo de Serrato Lozano y señalaron pocos aspectos positivos durante el segundo periodo por el que fue designado; denuncian la intromisión del PVEM en el organismo
Es de mencionar que, ambos activistas externaron su desacuerdo por el aval que la CEDH dio a las actividades que realiza la organización Revolución Social, pues en su intento de hacer justicia, sus integrantes trasgreden los derechos de las personas.
Tras las denuncias del alumnado en noviembre pasado sobre robos en la zona, la institución también implementó recorridos en moto al exterior del Campus
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo indicó que la iniciativa se politizó, por lo que no se pudo concretar para su implementación este año
Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Organizaciones civiles y sociales enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual y pueblos indígenas, reprobaron la administración de Víctor Manuel Serrato Lozano como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, cuyo periodo en la presidencia de dicho órgano autónomo terminará el 8 de diciembre.
Para los activistas, pocos son los aspectos positivos durante el segundo periodo por el que Serrato Lozano fue designado ombudsman desde diciembre de 2015, toda vez que consideraron que sigue utilizándose a dicho organismo como un “trampolín político” y “agencia de colocaciones para los partidos políticos desde el Congreso del Estado”.
Entrevistado por El Sol de Morelia, el coordinador estatal del Colectivo Michoacán es Diversidad, Raúl Martínez Rojas, sostuvo que aunque al principio de su administración se vieron aspectos positivos, a partir de la entrada de los nuevos gobiernos locales quedaron en evidencia los compromisos políticos que terminaron por ahogar los proyectos impulsados por la CEDH.
“Son liderazgos políticos quienes siguen estando al frente de estas oportunidades, desde la propia Comisión se está haciendo un trabajo a favor del Partido Verde y nos parece grave y preocupante que estén utilizando a la CEDH para hacer campaña política”, opinó.
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Señaló que para el caso de la atención y defensa de los derechos de grupos de la diversidad sexual no fue continua, ni cercana de las presuntas víctimas, pues algunos integrantes de la comunidad LGBTTTI se enfrentaron al nulo acompañamiento para presentar denunciar o que se emitieran recomendaciones.
Por su parte, la presidenta de la asociación civil “Humanas Sin Violencia”, Lucero Circe López Riofrío, consideró que la Comisión al frente de Serrato siempre “llegó tarde” a la defensa de los derechos humanos de las mujeres ya que, afirmó, no hubo una gestión continua o posicionamiento objetivo que diera pie a la creación de políticas públicas por parte de las instituciones.
Coincidió que la CEDH sigue actuando como un espacio político, toda vez que en la reciente conformación del consejo ciudadano se llenó de “buenos amigos” del actual ombudsman, lo cual evidencia la opacidad al interior del organismo, pues incluso acusó hay quejas hechas a modo para perjudicar o beneficiar a aspirantes y generar presión política y mediática.
La promotora del mecanismo de Alerta por Violencia de Género (AVG) en 14 municipios de Michoacán, aseguró que en el terreno de la población femenina no hubo seguimiento con las víctimas de agresión sexual luego del informe especial de los grupos de autodefensas realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni tampoco atención personalizada en aquellos municipios “foco rojo” por violencia hacia la mujer.
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“Deficiente la función, desafortunadamente en toda su administración entendió tarde la defensa de los derechos humanos de las mujeres (…) me da mucho gusto que se vaya esa persona, espero que las personas que se postulen estén centradas en eficientar los procedimientos y recomendaciones”, dijo.
Para las comunidades originarias, la dirección de Serrato Lozano también fue reprobable, puesPável Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena, aseguró que el organismo autónomo es una “agencia de trabajo” para las institucionespolíticas, dejando de lado a grupos como los que representa.
“No defendió los derechos colectivos de las comunidades originarias; el derecho a la consulta libre, previa, informada y vinculatoria; el derecho a la educación en su idioma materno, ni mucho menos el derecho a la autodeterminación, autonomía y autogobierno”, sostuvo, al recordarle no haber defendido los 20 casos de desaparición forzada que tienen los pueblos indígenas por defender sus territorios.
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Tras la presentación en septiembre pasado del cuarto y último informe de actividades por parte de Serrato Lozano, éste expuso que del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019 se atendieron a 73 mil 298 personas; 49 mil 441 con capacitación y 23 mil 857 con actividades de divulgación, cifras ante las que los representantes de Humanas Sin Violencia y Michoacán es Diversidad discreparon.
Lo anterior, al considerar que las charlas y pláticas que se dieron al interior de Michoacán fueron deficientes por la falta de conocimientos del personal, aunado a que todavía hay mucha incapacidad de servidores públicos y funcionarios en materia de derechos humanos.
El documento también informa sobre la emisión de 84 recomendaciones, en las que se señalaron a nueve autoridades estatales y municipales entre las que destaca la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y ayuntamientos, toda vez que incurrieron en la violación de derechos como: no ser sometido a penas o tratos crueles; una adecuada administración y procuración de justicia; a la seguridad jurídica; legalidad; y debida diligencia; entre otros.
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Asimismo, en materia de protección y defensa, se admitieron dos mil 334 quejas para su debido trámite, por presuntas violaciones a derechos humanos causadas por actos u omisiones de servidores públicos estatales y municipales, ofreciéndose 733 orientaciones a solicitándose, y canalizándose a otras instancias 434 asuntos; estos últimos con el propósito de que se resolvieran de manera inmediata.
Al mencionarse ya varios nombres para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las tres organizaciones civiles y sociales coincidieron en que los legisladores locales deben privilegiar un perfil realmente ajeno a intereses políticos y que sea legítimo defensor de los derechos humanos.
