Giran nuevas órdenes de aprehensión contra Silvano y excolaboradores
Se les acusa por hechos relacionados con la masacre de Arantepakua en 2017
Gabriela Serralde, Cuitláhuac Guerrero y Omar Ángel / El Sol de Morelia
Fuentes oficiales confirmaron que se trata de 16 órdenes, las cuales fueron concedidas por su presunta comisión de los delitos de tortura, abuso de autoridad, homicidio calificado y homicidio extrajudicial, hechos todos relacionados con la denominada “masacre de Arantepakua” en el año 2017.
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Las fuentes consultadas no dieron mayores datos, pero cabe recordar que, cuando ocurrieron los abusos en la comunidad indígena, el secretario de Seguridad Pública (SSP) era Juan Bernardo Corona Martínez. Sin embargo, participaron en los hechos muchos elementos a su cargo.
Cabe referir que la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) emitió, en 2020, una recomendación por violaciones graves. No obstante, en 2025, la entonces contralora estatal, hoy magistrada, Azucena Marín Correa dio a conocer que había presentado nuevas denuncias contra la gestión silvanista.
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Como una forma de mostrar su rechazo al hecho de ese fin de semana, la comunidad se organizó para bloquear la carretera que conduce de Pátzcuaro a Cherán. Esto derivó en la presencia de un gran número de policías municipales, se calcula más de 800, quienes comenzaron a agredir a las y los manifestantes.
Tras el ataque, resultaron sin vida cuatro personas de Arantepakua, diez detenidas y una cifra que aún no se calcula de heridas, derivado de las balas y golpes que recibieron por parte de los uniformados. Desde entonces, cada 5 de abril, Arantepankua ha tomado las calles para denunciar estos atropellos del gobierno silvanista.
Año con año los comuneros han decidido realizar manifestaciones para exigir justicia. El año pasado no hubo acciones en Michoacán, pero sí en Ciudad de México en la Secretaría de Gobernación y en la Fiscalía General de la República.
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Asimismo, tanto el gobernador como la asociación civil afirmaron que Aureoles Conejo le había otorgado un contrato millonario al empresario para realizar actividades de espionaje disfrazadas de estrategias de seguridad. Como una forma de corrupción, este rancho de Miami se le transfirió Rodríguez Pérez.
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