Congreso reforzará controles tras presunto saqueo de vehículos oficiales en Mixtla de Altamirano

Guadalupe Castillo

De acuerdo con los reportes, varias camionetas y motocicletas —modelos que van de 2001 a 2020— habrían sido vendidas por montos que oscilaron entre los 3 mil y los 10 mil pesos, sin un proceso transparente ni una difusión pública adecuada que garantizara la participación ciudadana.

Sobre lo anterior, Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, señaló que sentará un precedente importante dentro del Poder Legislativo.

Venta de vehículos oficiales de Mixtla de Altamirano

Detalló que la exalcaldesa envió al Congreso un reporte fotográfico que supuestamente mostraba el estado físico de los vehículos que serían vendidos, sin embargo, posteriormente se detectó que dichas imágenes no correspondían con las condiciones reales de las unidades.

“Cuando nos dimos cuenta de que la administración pasada había mentido fue cuando la actual nos informó que uno de los vehículos era utilizado por familiares”, comentó el presidente de la Jucopo.

Ante esta situación, reconoció que el hecho generó inconformidad dentro del Congreso, por lo que en su momento ofreció disculpas públicas. No obstante, adelantó que ahora se implementarán medidas más estrictas para evitar que se repita un caso similar.

Explicó que, a partir de ahora, cada vez que un ayuntamiento solicite autorización para vender vehículos oficiales, el Congreso enviará a un perito que verificará físicamente las condiciones de las unidades antes de emitir un dictamen.

Bautista Hernández añadió que también tienen conocimiento de otro municipio donde un expresidente municipal, a ocho días de concluir su administración, pretendía vender un lote de vehículos oficiales, lo que generó sospechas sobre el procedimiento.

En el caso específico de Mixtla de Altamirano, explicó que la solicitud de venta tenía varios meses de haber sido presentada ante el Congreso y se aprobó en tiempo y forma, sin embargo, indicó que ahora corresponde al cabildo entrante determinar si presentará una denuncia.

Advirtió que, en caso de que la actual presidenta municipal no proceda legalmente, podría interpretarse como complicidad, ya que existe un plazo para que se puedan comprobar las presuntas irregularidades.

En cuanto al notario que avaló la operación de venta, indicó que, si tras el periodo de investigación de la Fiscalía Anticorrupción se determinan responsabilidades, podría enfrentar sanciones que incluso incluirían la inhabilitación.

“Plan B” del Gobierno Federal

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el denominado “Plan B” del Gobierno Federal en materia de reforma electoral y el impacto que podría tener en Veracruz, Bautista Hernández expresó su respaldo a la propuesta, al considerar que la ciudadanía demanda mayor claridad en el uso de los recursos públicos.

Asimismo, comentó que existe una percepción equivocada en algunos sectores de la población respecto a la función de los diputados, ya que su principal labor es aprobar iniciativas y leyes, así como el presupuesto público.

Indicó que, aunque en ocasiones realizan gestiones relacionadas con obras públicas o temas de salud, los legisladores no ejecutan directamente proyectos de infraestructura en los municipios.