​​El compromiso global con la ciencia y la tecnología de UNESCO, establece que los países deben invertir al menos el 1 % de su Producto Interno Bruto, un estándar que aún no cumple México en 2025. De acuerdo a estimaciones recientes, México destinó únicamente el 0.16 % del PIB, representando uno de los niveles más bajos en la historia y muy por debajo del promedio de países en desarrollo y desarrollados, donde las cifras alcanzan hasta el 5 %. Este presupuesto limitado, ha provocado una disminución significativa en las condiciones de trabajo en centros de investigación, con deterioro en infraestructura, accesos a recursos y capacidades para atraer financiamiento propio.  

​​“Para la ONU, la ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales con los que construir un futuro sostenible. Además, la ciencia es un derecho humano y juega un papel fundamental en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible”. https://www.un.org/es/observances/world-science-day 

​​La ciencia como derecho humano lo encontramos previsto en primer lugar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 27º; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en el artículo 15º; también se encuentra en el sistema regional interamericano, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en el artículo 30º, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 13º y en nuestra Constitución en el artículo 3º fracción V, que señala: Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

​​Las personas titulares del derecho humano a la ciencia, las podemos ubicar en dos grupos: en el primero se encuentran aquellas que han de ser beneficiadas por el desarrollo de las humanidades, ciencias, tecnologías y la innovación (sociedad en general). En el segundo grupo se encuentran las personas que participan en los procesos de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de las humanidades y la innovación, es decir, se encuentran los investigadores, como sus grupos y redes de investigación (comunidad científica), que forman parte en los procesos científicos y sus resultados.  

​​En relación a este derecho humano, el estado está obligado a generar las condiciones para que podamos acceder sin discriminación tanto a recursos para investigación como a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la tecnología, principalmente cuando sean necesarias para el disfrute de nuestros derechos humanos; asimismo, en la medida de las posibilidades, el gobierno debe incrementar el presupuesto para la investigación que acredite un impacto social, igualmente, se debe ampliar el presupuesto para que, un número mayor de estudiantes puedan acceder a estudios de posgrado, principalmente los sectores que han estado marginados. La investigación y la ciencia generan crecimiento y desarrollo y son un ámbito estratégico para romper las cadenas de desigualdad que aún existen.