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La violencia en contra de mujeres y niñas es una problemática preocupante a nivel global. La ONU estima que 736 millones de mujeres, es decir 1 de cada 3, han experimentado, al menos una vez en su vida, algún episodio de violencia. Este fenómeno, además, afecta de forma desproporcionada a las mujeres que viven en países de ingresos medios o bajos. Nuestras estadísticas coinciden con esta tendencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) publicada en este mes por el INEGI. De los 50.5 millones de mujeres mexicanas de 15 años o más, el 70 % ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida y el 42.8% sufrió violencia durante los últimos 12 meses. Desafortunadamente, más del 70% de ellas optaron por no solicitar apoyo a alguna institución ni presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad. La cultura de la subordinación.
Esto nos lleva a preguntarnos si las políticas públicas dirigidas a la atención de esta grave violación de derechos humanos y que no solo tiene impactos negativos en la vida y salud de miles de mujeres, sino también en el desarrollo sostenible, son adecuadas para atender, sancionar y erradicar la violencia de género.
Considerando este contexto, el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), con el apoyo de la GIZ-Cooperación Alemana, propuso el desarrollo de la Auditoría Coordinada: “La respuesta estatal en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Esta Auditoría, liderada por la Contraloría General de la República de Chile, ha tenido por objetivo evaluar la eficiencia de las acciones gubernamentales, planes y programas para erradicar la violencia contra las mujeres, considerando el impacto de la pandemia de COVID-19.
A partir de los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres y la meta 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de Género), esta auditoría de desempeño revisará de manera independiente, objetiva y confiable si los proyectos, sistemas, operaciones, programas, actividades y organizaciones gubernamentales dirigidos a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas operan bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia, e identificará sus áreas de oportunidad y aportará recomendaciones para su mejora.
Actualmente, se desarrollan las diversas actividades de capacitación para los equipos auditores de las 23 EFS miembros de OLACEFS que colaboran en este proyecto, las cuales se han desarrollado en una modalidad híbrida, que ha incluido cursos y webinarios sobre el fenómeno de la violencia de género, las obligaciones de los Estados en la materia en el marco de los ODS, así como talleres presenciales de planificación; los cuales se desarrollaron del 23 al 25 de agosto en la Contraloría General de la República de Paraguay. La auditoría se ejecutará entre septiembre de este año y abril de 2023, y sus resultados se presentarán en último trimestre de 2023.
Los hallazgos y recomendaciones de esta Auditoría Coordinada, la tercera realizada por la OLACEFS vinculada con la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, brindará información y recomendaciones puntuales y oportunas que favorecerán el perfeccionamiento de las políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, lo que nos permitirá reducir la desigualdad que afecta a nuestra región latinoamericana y generar un cambio positivo que nos permita consolidar una sociedad más justa, incluyente y democrática.
