El futuro de México, en manos del PT y el Verde
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Puebla, 6 de marzo de 2026
La reforma electoral enviada con prisa por la presidenta Claudia Sheinbaum llega en el peor momento político posible. Mientras el país aún intentaba digerir la ola de violencia que se desató tras el abatimiento del líder del CJNG, el Ejecutivo decidió abrir un frente interno de alto riesgo: una reforma constitucional que, a diferencia de las grandes reformas electorales del pasado, no nace de la presión de la oposición ni de una demanda social explícita, sino desde el poder mismo, un poder que llegó con las reglas actuales y que ahora pretende reescribirlas.
Ese detalle no es menor. Históricamente, las reformas electorales en México fueron impulsadas por fuerzas excluidas del sistema, por minorías que buscaban abrir espacios frente a un régimen hegemónico, hoy sin embargo ocurre todo lo contrario: es el partido dominante el que impulsa un rediseño institucional, pese a haber conquistado el poder bajo las reglas vigentes, más aún, la iniciativa fue enviada sin que existan condiciones claras para su aprobación y sin haber sido previamente negociada con las élites rentistas que integran la propia coalición gobernante, específicamente el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, dos partidos que, paradójicamente, hoy podrían convertirse en el último dique de contención del sistema político mexicano.
Y es que la presidenta decidió jugar una partida de ajedrez con una táctica agresiva. Esta es la última pieza pendiente del llamado Plan C de López Obrador, y quizá por ello, optó por avanzar sin consensos, apostando a imponer la iniciativa tanto a la oposición como a sus aliados, con el objetivo de rediseñar la representación política para reducir el peso de socios incómodos, controlar los equilibrios internos del Congreso y consolidar la hegemonía de Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
En el discurso público, la reforma resulta atractiva. Menos dinero a los partidos, menos plurinominales, más austeridad. Son banderas fáciles de vender en un país harto de la partidocracia y de los excesos de las cúpulas. Sin embargo, el problema no está en los eslóganes, sino en la arquitectura institucional que se pretende modificar. La representación proporcional no es un capricho: fue diseñada para equilibrar fuerzas y evitar que un solo partido dominara el Congreso a placer. Morena mismo creció y se consolidó gracias a los plurinominales a los que hoy, pretende cerrar la puerta por la que él mismo entró.
El argumento del ahorro tampoco resiste un análisis serio. Desde el Instituto Nacional Electoral se ha insistido —con razón— en que más del 80% de su gasto operativo corresponde a servicios personales, es decir: capacitación de funcionarios de casilla, despliegue territorial, logística electoral y operación técnica de los comicios. Una reducción del 25% del presupuesto no significa “apretarse el cinturón”, sino afectar directamente la calidad y la confiabilidad de las elecciones.
De hecho, un análisis publicado por Forbes muestra que el costo de los procesos electorales por elector en México, no es el más alto de América Latina; países como Brasil, Uruguay, Argentina o hasta Costa Rica gastan más, entonces, si el objetivo real fuera ahorrar recursos públicos, la discusión debería centrarse en otros rubros del gasto, no en el único mecanismo que puede garantizar alternancia, legitimidad y estabilidad política.
Pero eso no es todo, el riesgo se vuelve aún mayor cuando se observan las propuestas concretas: la eliminación de más de 300 juntas distritales —lo que implicaría desaparecer alrededor del 75 % del Servicio Profesional Electoral— y la desaparición del PREP. Mire, sin juntas distritales, las elecciones estatales quedarían a la deriva; sin PREP, la ciudadanía dependería únicamente de la versión oficial del gobierno y de los partidos políticos, por lo que podemos concluir que esto no es austeridad, es una regresión institucional que abre la puerta a la desconfianza y al conflicto postelectoral.
No es casual que la Organización de los Estados Americanos la “OEA”, haya reprobado la pasada elección judicial en nuestro país, por cierto, la más barata en nuestra historia reciente. Entonces, elecciones más baratas sí son posibles; elecciones confiables, no necesariamente. La experiencia reciente demuestra que cuando se recortan mecanismos de vigilancia, capacitación y conteo, el costo no se mide en pesos, sino en legitimidad democrática.
Y es en este contexto que aparece el verdadero nudo político. Tanto el PT como el Partido Verde, serían severamente afectados por la desaparición de los plurinominales y por el nuevo diseño de la representación, y su propia historia explica esa resistencia. Durante décadas, el sistema político mexicano perfeccionó la lógica de los partidos satélite para capturar segmentos sociales y electorales que el partido dominante no podía absorber directamente, esto a base de recursos, posiciones y pragmatismo extremo y en ambos casos, más allá de su retórica ideológica, su comportamiento ha sido consistente: han aprendido a sobrevivir dentro del sistema vendiendo caro su apoyo.
Por eso no sorprende que hoy pongan en duda el respaldo que habían mostrado al gobierno. La imagen del llamado “Niño Verde” entrando a Palacio Nacional, sin cargo legislativo, ni dirigencia partidista formal, para imponer condiciones a la presidenta, retrata con crudeza el sistema político mexicano: un sistema secuestrado por élites rentistas, pragmáticas y profundamente corruptas.
El mayor riesgo para la presidenta, sin embargo, no es que la reforma no se apruebe, sino el mensaje político que dejaría su fracaso. Sheinbaum no puede permitirse proyectar una pérdida de control sobre su propia coalición, ni aparecer como una mandataria condicionada por partidos minoritarios que han hecho del chantaje legislativo, su forma de sobrevivir. Pero tampoco puede ceder sin pagar un costo político altísimo. Si logra imponer la reforma, habrá rediseñado el sistema a favor de su partido; si fracasa, podrá culpar a la oposición, aunque la verdadera resistencia provenga de su propia coalición.
Al final, lo que está en juego no es solo una reforma electoral, sino la naturaleza misma del poder en México. Si el sistema se rediseña para concentrar fuerza, pero se negocia desde la fragilidad, el resultado no será gobernabilidad, sino dependencia; no será hegemonía, sino rehén político, y cuando los partidos minoritarios deciden el rumbo de una democracia, no porque representen a la ciudadanía sino porque controlan las bisagras del sistema, el problema ya no es la oposición, sino la arquitectura del poder. Y ahí, más que una disputa legislativa, lo que se revela es una pregunta incómoda: si el futuro del país puede quedar en manos de quienes siempre han vivido de vender su apoyo, ¿quién gobierna realmente a México?
