La transparencia en la información y su acceso: INAI otro punto a la “i”
La transparencia en la administración pública y el acceso a la información son conceptos fundamentales en las democracias modernas. Su evolución en México ha sido un reflejo de las demandas sociales por un gobierno más abierto y responsable.
La noción de transparencia en la administración pública no es nueva, pero comenzó a cobrar relevancia en la década de 1990, cuando varios países, incluyendo México, iniciaron procesos de democratización. La implementación de reformas políticas y la apertura hacia prácticas de rendición de cuentas respondieron a la creciente insatisfacción de la ciudadanía ante la corrupción y la opacidad de las instituciones. En 2002, México dio un paso significativo con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estableció las bases para que los ciudadanos reclamaran información y los organismos gubernamentales asumieran la obligación de proporcionarla.
Este acotamiento legal marcó un hito, ya que reconocía el acceso a la información como un derecho ciudadano, promoviendo así una cultura de transparencia. A lo largo de los años, este proceso fue fortaleciéndose con la creación de comisiones de acceso a la información tanto a nivel federal como estatal, que se encargaron de supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley. La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en 2003 fue un avance importante, ya que se le otorgó la autonomía necesaria para operar como un organismo garante de este derecho. Luego en 2014 se crea el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que fue un organismo fundamental en México para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a proteger sus datos personales.
En 2015, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir el derecho a la información como parte de los derechos humanos. Esta reforma sentó las bases para un marco normativo más robusto en la materia. Lo anterior fue dando pauta al nuevo enfoque del acceso a la información como una cultura propia del gobierno, lo que derivó en la culminación de este instituto en fechas recientes y la creación de una dirección en la de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual refleja un giro hacia un enfoque más amplio sobre la transparencia. Esta secretaría tiene como misión coordinar las acciones del gobierno para prevenir la corrupción y fomentar un gobierno abierto. En este sentido, el enfoque ya no es solamente un tema de acceso a información, sino que también contempla prácticas de buen gobierno que fortalecen la relación entre la administración pública y la ciudadanía. Este enfoque integrador busca no solo facilitar el acceso a información, sino también garantizar que sea fidedigna y útil para el ejercicio de tal derecho.
La información veraz y transparente se convierte en un pilar fundamental para la democracia. Cuando los ciudadanos están informados sobre las decisiones gubernamentales, se facilita la participación en los procesos democráticos y se fortalece la rendición de cuentas.
La ética periodística exige que las noticias se basen en fuentes confiables y en análisis profundos, evitando la manipulación y el sensacionalismo. La calidad de la información que los medios difunden puede influir significativamente en la percepción pública sobre el gobierno y sus acciones. Por lo tanto, existe una responsabilidad compartida entre el gobierno, la ciudadanía y los medios para asegurar que la información fluya de manera transparente y efectiva.
A medida que se avanza en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, es imperativo cuestionar continuamente la efectividad de estas medidas, pero ¿Qué tan accesible es esta información para las comunidades más vulnerables? Además, es fundamental examinar cómo la cultura de la transparencia se arraiga en la sociedad y cómo esto impacta la relación entre el Estado y la ciudadanía.
La transformación de la transparencia y el acceso a la información en México ha sido significativa, pasando de ser un derecho emergente a convertirse en un elemento central del buen gobierno. Este proceso refleja una evolución que continúa desarrollándose, impulsada por las exigencias de una ciudadanía más informada y activa. Al promover una cultura de transparencia interna, se establece un entorno propicio para la construcción de instituciones más fuertes y confiables. Sin embargo, el camino hacia un gobierno verdaderamente abierto y responsable es aún largo y requiere del esfuerzo colectivo de los gobiernos, los ciudadanos y los medios de comunicación. Este es un reto que demanda un constante cuestionamiento y reflexión sobre la calidad de la información y su impacto en la vida democrática.
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