Decir que la violencia es estructural implica reconocer el machismo, el racismo y el clasismo no son experiencias aisladas, sino sistemas de opresión que ejercen poder sobre nuestras vidas. Estas opresiones trascienden lugares físicos y se sustentan en jerarquías que instrumentalizan el color de piel, el género, la orientación sexual, los privilegios económicos, los lazos familiares e incluso relaciones de amor o de amistad que cosifican para perpetuar herramientas de subordinación y control.

Mientras la violencia amenaza, pero no impacta directamente, surgen respuestas desiguales. Algunas personas (quienes pueden pagar) elevan muros de sus casas, instalan cercas eléctricas o contratan seguridad privada, pagando el alto precio de una protección ilusoria. Otros, desde el poder, gentrifican zonas urbanas diseñados para quienes pueden costearlos, creando “islas de tranquilidad” que, paradójicamente, se construyen sobre el despojo y la exclusión de quienes habitaban originalmente esos territorios.

Para quienes ese privilegio es ajeno, las estrategias son otras, porque frente a la violencia, las tácticas de supervivencia se practican a diario. Esconder las pertenencias en el transporte público, caminar largas distancias para evitar asaltos o modificar rutas -aunque esto signifique perder media hora más-, para evitar pasar por lugares “donde ni la policía se mete”.

Y es que cuando la violencia ha llegado las estrategias preventivas se transforman en estrategias de afrontamiento, quienes, pese al dolor, la tristeza, y el enojo día con día y año tras año, emprenden un camino de desgaste, pero con entera dignidad y fortaleza para exigir que las autoridades que cumplan con su deber: investigar y de garantizar el acceso a la justicia frente a diversos delitos, entre ellos, la desaparición o el feminicidio.

Para quienes han vivido la desaparición de un ser querido, el miedo se transforma. El dolor y el amor impulsan a familiares de personas desaparecidas a buscar incansablemente, incluso en territorios controlados por el crimen organizado. Su lucha no es solo por justicia, sino por la vida, pues la exigencia a las autoridades es la presentación con vida de sus familiares.

Quienes buscan, nos enseñan una lección muy profunda. Desde el dolor más íntimo, aquel que cala el corazón y el espíritu, surge un poder transformador: la colectivización de la búsqueda. Este giro hacia lo comunitario revela el sentido último de su lucha: la justicia que exigen ya no es solo para sus familias, sino para todos nosotros/as.

Se trata de un acto político de cuidado colectivo que cuestiona nuestras estrategias individuales- esas de “seguridad eléctrica” o los muros que levantamos- y nos confronta con una verdad más poderosa, su lucha que representa posibilidades reales para co- construir condiciones reales para que esta violencia no llegue a más familias, a más puertas.

Como ejercicio de corresponsabilidad, necesitamos reflexionar y voltear con humildad para mirar nuestros ombligos familiares, laborales y afectivos para identificar en cuales, de ellos, podemos estar ejerciendo la violencia directa o indirecta sobre otras vidas. Construir alternativas significaría recordar que para desidentificarnos de la violencia, necesitamos recordar algo clave, no somos la violencia, más bien podemos ejercerla. Esta diferencia es crucial para desarmarla, pues, aunque las instituciones patriarcales la sostienen, también sabemos que podemos desplazarnos de su lógica en momentos y situaciones concretas, tan tangibles que podemos reconocer en ellos nuestra capacidad de agencia.

Se trata de escuchar las voces que han sido silenciadas, de cuestionar nuestro sistema de creencias para movilizarnos y permitirnos sentir y pensar con otras y otros. Para quienes tenemos el privilegio de no vivir en modo supervivencia, podemos incomodarnos y preguntarnos frente a la violencia, hacia dónde estamos caminamos, hacia dónde queremos construir y a favor de quiénes vamos a hacerlo.

La autora es Psicóloga y Psicoterapeuta por la Ibero Puebla, Maestra en Estudios de Género y Cultura por la Universidad de Chile con mención máxima. Becaria de AGCID y la SRE, realizó intercambio en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Ha desarrollado proyectos sociales y educativos enfocados en los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia de género, la salud mental y la psicología comunitaria. Actualmente es académica y responsable del Observatorio de Violencia Social de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (Ibero Puebla).