Denuncian irregularidades para elegir comisionados de Transparencia

Organizaciones civiles e instituciones de educación superior evidenciaron su preocupación por el proceso que se aplicó para elegir a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de Puebla (IAIP), ya que el Congreso local –denunciaron- desestimó la propuesta que estos grupos presentaron para evaluar a los aspirantes.

A través de un pronunciamiento firmado por diferentes organizaciones, expresaron que el proceso estuvo viciado y no genera las condiciones necesarias para que los nombramientos cuenten con legitimidad, por lo que crea desconfianza entre la ciudadanía y no brinda la garantía de que el órgano sea constitucionalmente autónomo.

Entre las irregularidades que mostraron dentro de este proceso, está que los plazos establecidos para la presentación de las candidaturas son insuficientes desde el principio, pues no existe el tiempo necesario para reunir la documentación solicitada, luego, fue poco para evaluar los perfiles de los aspirantes.

Criticaron que durante la tercera semana de octubre el Congreso del Estado debió emitir, con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, la convocatoria para la renovación de un comisionado de la anterior Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP); sin embargo, el procedimiento se presentó la semana posterior al plazo establecido para la convocatoria lo que representó una violación a la ley aprobada por los propios diputados.

Explicaron que la iniciativa para reformar el Artículo 12 de la Constitución Política protegió el régimen de opacidad de la administración, toda vez que su alcance meramente formal y con ello se dejó fuera del proceso a la comisionada Norma Estela Pimentel Méndez, quien se ha destacado por mantener postura crítica contra los sujetos obligados.

En tercer lugar denunciaron un proceso legislativo “fast track” pues la iniciativa de reforma se aprobó de breve tiempo. Asimismo, destacaron que el periodo para que se presentaran los candidatos fue insuficiente para que cualquier ciudadano reuniera la documentación y los periodos para la evaluación, también, fueron reducidos.

Las propuestas de las organizaciones presentadas el 12 de octubre, para la elección de los comisionados, incluyeron que fueran valorados aquellos perfiles que cumplieran los requisitos con base en el marco jurídico; pidieron colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación de los candidatos.

Estas fueron desestimadas, evidenciaron, con el argumento de que “las organizaciones sociales especializadas en la materia e instituciones académicas de carácter público y privado serán invitadas ‘a razón de una por cada Grupo Legislativo o Representación Legislativa’ para realizar la evaluación de las propuestas respectivas”.

Entre las organizaciones que firmaron se encuentran Nodo de Transparencia de Puebla, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Artículo 19, Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, Centro de Estudios Espinosa Yglesias A.C., México Evalúa, Capítulo Puebla de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Puebla Vigila, Comisión Anticorrupción de COPARMEX-Puebla, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros.